El presidente Javier Milei oficializó la prórroga del presupuesto 2023 para regir durante todo el ejercicio 2025. Esta decisión generó tensiones en el ámbito político, con la oposición cuestionando la falta de debate legislativo y los impactos económicos que podría tener esta medida. La resolución se produjo tras meses de discusiones truncadas en el Congreso. El pasado 19 de noviembre, el diputado libertario José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, decidió suspender la reunión de comisión, argumentando que “no se habían alcanzado los acuerdos necesarios con los funcionarios del Poder Ejecutivo, pese a más de 30 horas de debate”. Espert insistió en que la aprobación de un nuevo presupuesto sólo será posible bajo tres condiciones: déficit cero, reducción del gasto público y sin aumento de impuestos. “La Libertad Avanza quiere eludir el control legislativo”, denunció Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, quien también advirtió sobre posibles desfinanciaciones a las provincias. Martínez y otros legisladores de la oposición calificaron la medida como un acto de arbitrariedad y centralización del manejo de los recursos públicos. Desde el oficialismo, el diputado Lisandro Almirón justificó la decisión presidencial como una herramienta constitucional que previene la obstrucción legislativa. “Es una facultad del Poder Ejecutivo decidir cómo y en qué se va a gastar”, expresó en declaraciones periodísticas. La diputada Florencia de Sensi, del PRO, criticó la continuidad del presupuesto 2023, elaborado bajo la gestión de Alberto Fernández, señalando que “tener un presupuesto es fundamental para generar credibilidad ante el mundo”. Por su parte, Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, denunció: “Hoy, por primera vez en democracia, Argentina no tiene presupuesto votado por el Congreso por segundo año consecutivo. Una vergüenza”. Mientras tanto, diversos legisladores provinciales lamentaron la falta de consenso, que dejó sin resolver demandas clave como la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la compensación por el Pacto Fiscal de 2017. El futuro del debate presupuestario podría retomarse en marzo de 2025, con la apertura del nuevo período legislativo, aunque muchos sectores consideran improbable alcanzar un acuerdo. “El Gobierno debe priorizar una hoja de ruta que integre a las provincias y no sólo buscar comunicación política”, expresó Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal. Por otro lado, desde sectores críticos de la UCR, el diputado Fernando Carbajal opinó: “La prórroga es la confirmación de que no querían ley de presupuesto. Un nuevo descenso en la calidad institucional”. La prórroga del presupuesto no sólo tiene implicancias políticas, sino también económicas. Varios analistas advierten que la falta de una nueva ley de presupuesto podría generar incertidumbre entre inversores y organismos internacionales, como el FMI.
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