La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), junto con la Procuración del Tesoro, analiza alternativas legales para que Cristina Fernández devuelva el plus de su jubilación de privilegio por zona desfavorable. Este beneficio, que le otorgó un extra de $5.960.860, fue percibido bajo el argumento de que residía en Río Gallegos, mientras que en realidad vivía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El organismo dirigido por Mariano De los Heros considera dos vías para recuperar los fondos: iniciar una acción de recupero en el fuero correspondiente o presentar una denuncia penal contra la exvicepresidente. Esta última acción podría sumarse a la causa ya abierta en la Justicia, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, tras una denuncia de la Fundación Apolo por fraude contra la administración pública. La investigación busca determinar si existió una defraudación al erario público mediante el cobro de esta bonificación. En noviembre pasado, la ANSES oficializó la baja tanto de la jubilación de privilegio de Cristina Fernández como de la pensión correspondiente a su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, a través de la resolución 1092/2024. Esta decisión se basó en la confirmación de su condena por el caso Vialidad, que incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ANSES también evaluó distintas opciones para calcular el monto a reclamar. Una posibilidad es exigir la devolución del plus desde noviembre de 2024, cuando se confirmó la sentencia. Otra, más amplia, es retrotraer el reclamo hasta 2016, cuando Fernández comenzó a percibir su jubilación de privilegio como expresidente y la pensión como viuda, incluyendo pagos realizados desde 2009, momento en que según la Justicia se habría cometido el delito de defraudación en el caso Vialidad. En total, sólo durante 2024, la exmandataria habría recibido $65 millones por zona desfavorable. Actualmente, la ANSES argumenta que estos pagos son incompatibles con la comisión de delitos vinculados a la función pública por la cual se otorgaron los beneficios. Esta decisión fue apelada por el abogado de la exvicepresidente, Facundo Fernández Pastor, quien solicitó la restitución de las jubilaciones bajo el argumento de un “error material”. Se espera que la Procuración del Tesoro emita su opinión sobre el procedimiento a seguir a mediados de enero, y que la ANSES avance con una eventual denuncia en febrero, tras la feria judicial. Mientras tanto, el organismo también deberá responder al recurso administrativo presentado por la defensa de CFK. De quedar disconforme, la exvicepresidente podría llevar el caso a la Justicia.
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