El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue detenido tras una orden de la Cámara de Casación de Paraná, que confirmó su condena a ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de fondos públicos. La medida fue adoptada luego de que la fiscalía insistiera en el riesgo de fuga, argumentando que el exmandatario cuenta con recursos y contactos internacionales que facilitarían su evasión de la Justicia. Urribarri, quien ocupó el cargo de gobernador entre 2007 y 2015 y fue embajador en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández hasta su renuncia en 2022, fue acusado de utilizar recursos estatales para financiar campañas políticas y proyectos personales. Entre los hechos probados, se destacan contrataciones irregulares por más de 28 millones de pesos para eventos como el encuentro de presidentes del Mercosur en 2014 y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata. Estas maniobras estuvieron vinculadas a su fallida precandidatura presidencial de 2015, que costó al Estado más de 14 millones de pesos. El fallo contra Urribarri fue firmado en forma unánime por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo. Tras su captura, el exmandatario fue alojado en la Unidad Penal 1 de Paraná. Además de Urribarri, su cuñado, Juan Pablo Aguilera, recibió una condena de seis años y medio por su participación en maniobras de cartelización de empresas y desvío de fondos públicos. También fue condenado el exministro Pedro Báez a seis años de prisión, mientras que otro exfuncionario, Hugo Marsó, resultó absuelto. Este caso expone nuevamente el impacto de la corrupción en la gestión pública y el rol de la Justicia en garantizar la rendición de cuentas.
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