En un clima de alta tensión política, el oficialismo y la oposición intensifican sus posturas en torno a la modificación de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta clave para el Poder Ejecutivo. Mientras avanza el debate del Presupuesto 2025, en la Casa Rosada crece la preocupación por la sesión especial convocada para el próximo miércoles 13, donde se prevé que se discutan tanto el proyecto de Ficha Limpia, impulsado por el oficialismo, como las reformas propuestas por la oposición para limitar las facultades de los DNU. La propuesta de reforma establece un plazo de 90 días desde su publicación para que el Congreso apruebe cada DNU. Si no se recibe aprobación en ese plazo, el decreto perderá validez automáticamente. La iniciativa cuenta con un dictamen de mayoría respaldado por Encuentro Federal, Unión por la Patria y sectores de Democracia para Siempre. Sin embargo, desde el bloque de La Libertad Avanza y el propio presidente Javier Milei califican esta medida como un intento de “golpe de Estado” contra el Poder Ejecutivo. Milei advirtió que vetará la ley si logra ser sancionada. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabaja junto a aliados del PRO y del MID para blindar un eventual veto presidencial. En tanto, el PRO, encabezado por Cristian Ritondo, aún no definió si respaldará a La Libertad Avanza en esta cuestión. Además, el oficialismo intenta asegurar el apoyo de los radicales cercanos a Milei y de diputados provinciales de bloques como Innovación Federal, quienes responden a gobernadores clave como Gustavo Sáenz de Salta, Oscar Herrera Ahuad de Misiones, y Alberto Weretilneck de Río Negro. El dictamen de mayoría fue defendido en el recinto por el diputado Juan Brügge, de la Democracia Cristiana, quien argumentó que “los DNU son actos legislativos excepcionales y deben tener un límite de duración”. La medida también propone que, en caso de receso parlamentario, el Congreso sea convocado de inmediato para tratar los decretos emitidos por el Ejecutivo. Desde la UCR, Karina Banfi y Soledad Carrizo presentaron un dictamen en minoría que aboga por una mayor intervención de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, solicitando un plazo de diez días hábiles para que emita su evaluación sobre cada decreto. La discusión promete ser un nuevo campo de batalla entre el oficialismo y la oposición, que se disputan el control sobre una de las herramientas legislativas más importantes del Ejecutivo. La sesión del miércoles marcará un punto clave en la relación de poderes y el debate sobre los límites del poder presidencial en el actual contexto político argentino.
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