El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la anulación del acuerdo establecido por la administración del expresidente Alberto Fernández, que otorgaba tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi a grupos mapuches. Cúneo Libarona calificó a estos grupos de “terroristas”, “delincuentes” y “usurpadores”, e instó a las fuerzas de seguridad a proceder con el desalojo inmediato de las tierras. “Durante seis años, estos grupos autodenominados mapuches usurparon y atentaron contra el patrimonio de los argentinos, ignorando la ley y la autoridad. La solución del gobierno anterior fue regalarles tierras. Eso se terminó, anulamos ese acuerdo”, afirmó el ministro. Subrayando que “Argentina no negocia con terroristas” y que la cesión realizada por la gestión pasada quedó oficialmente cancelada. El acuerdo original fue parte del “Tercer Encuentro de la Mesa de Diálogo con comunidades del Pueblo Mapuche y Mapuche Tehuelche de la Patagonia”, en el que se comprometió a reconocer el REWE, sitio sagrado para el pueblo mapuche, y se otorgó permiso de uso de terrenos en la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. La machi Betiana Colhuan fue una de las beneficiarias de este acuerdo, lo que le permitía realizar tareas espirituales y medicinales en el lugar. Cúneo Libarona, sin embargo, criticó duramente las acciones de estos grupos, recordando actos violentos como el incendio intencional en 2022 de la cabaña “Los Radales” y un puesto de Gendarmería Nacional en Río Negro, atribuidos al grupo lof Lafken Winkul Mapu. “Estas acciones criminales atentan no sólo contra el patrimonio nacional, sino también contra los derechos de todos los argentinos”, sostuvo el funcionario. El ministro concluyó reafirmando la postura del gobierno actual: “Este gobierno no permitirá que se repitan estos atropellos. Hemos dado por finalizados estos acuerdos, reafirmando que Argentina no cede ni negocia ante el chantaje ni la violencia. Nuestra prioridad es la defensa del imperio de la Ley”. El anuncio generó reacciones en distintos sectores, abriendo nuevamente el debate sobre el conflicto territorial en la Patagonia.
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