Horacio Rosatti fue reelegido como presidente de la Corte Suprema de Justicia por un nuevo mandato de tres años, continuando en el cargo que asumió en octubre de 2021. Carlos Rosenkrantz también fue confirmado como vicepresidente del tribunal. La elección se llevó a cabo con los votos de Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, quien dejará su puesto este año al cumplir 75 años, límite de edad establecido por la Constitución. Ricardo Lorenzetti, extitular de la Corte, optó por abstenerse en la votación. Este proceso de renovación en la Corte Suprema se da en un contexto de tensión política en el Senado, donde el Gobierno intenta avanzar con los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla, propuestos para ocupar las vacantes dejadas por Elena Highton de Nolasco y el próximo retiro de Maqueda. Sin embargo, las negociaciones fueron complejas, y el oficialismo no logró reunir las firmas necesarias en la comisión de Acuerdos, liderada por Guadalupe Tagliaferri (PRO), para tratar los nombramientos. El Gobierno de Javier Milei mostró su malestar con la falta de apoyo del peronismo para la candidatura de Lijo, lo que, según fuentes cercanas al presidente, podría beneficiar políticamente a Mauricio Macri, quien se posicionó en contra de la designación del juez federal. Paralelamente, el kirchnerismo tensó las negociaciones con el oficialismo, buscando la aprobación de un proyecto de ley para ampliar la composición y el número de miembros de la Corte Suprema. Según el senador Mariano Recalde, del bloque Unión por la Patria, esta iniciativa no cuenta con el respaldo del kirchnerismo en su forma actual, pero está abierta la posibilidad de discutir alternativas en el futuro. Con siete senadores en la comisión de Acuerdos, el peronismo mantiene un rol clave en la decisión sobre los pliegos de Lijo y García-Mansilla, mientras el Gobierno sigue insistiendo en que “ambos deben ser aprobados conjuntamente o no avanzará”. La situación augura un prolongado debate en el Senado, donde las distintas facciones políticas intentan posicionarse de cara a las futuras definiciones en la Corte Suprema.
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