El Gobierno nacional anunció su intención de modificar la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y subir la edad jubilatoria de las mujeres en el marco de una reforma laboral ampliada y una reestructuración del sistema previsional. Estos temas serán los primeros en ser tratados por el recién creado Consejo de Mayo, presidido por el jefe de gabinete, Guillermo Francos. La Casa Rosada espera contar con la participación de representantes de Diputados, Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Grupo de los Seis. Según fuentes oficiales, el sistema previsional actual “no es sostenible” y se debe apuntar a una mejora en la estructura de la recaudación, reduciendo el número de jubilados y aumentando la formalidad laboral para que más trabajadores realicen aportes. Un funcionario cercano al presidente declaró: “Afecta bastante a las cuentas que las mujeres se jubilen a los 60. Es una cuenta que quedó vieja porque hoy la gente vive hasta los 90 años y representa un gasto más grande que hace treinta años. Nuestro ideal es unificar la edad jubilatoria de las mujeres y de los hombres a los 75 años”. Además, el Ejecutivo quiere establecer la posibilidad de optar por un sistema jubilatorio privado, similar a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). La reforma previsional estaba incluida originalmente en el Pacto de Mayo previsto para el 25 de mayo, pero se modificó para tratarse el 9 de julio. Durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo, el presidente Milei mencionó la necesidad de “suscribirse a un sistema privado de jubilación”. Finalmente, en el punto 9 del Pacto de Mayo, se planteó una “reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron”. Sin embargo, el oficialismo no logró aprobar todos los artículos que modificaban el régimen jubilatorio en el Senado. En Balcarce 50, la atención está puesta en la reducción del financiamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que implicaría la reforma, reconociendo la necesidad de aumentar los apoyos legislativos para impulsarla. Por otro lado, el Gobierno busca avanzar con una reforma laboral que modifique la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y que incluya los puntos del DNU 70/2023, que fueron dejados sin vigencia por la Justicia laboral y no fueron incluidos en la Ley Bases sancionada a fines de junio. Entre los cambios propuestos se encuentran la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos, la prohibición de bloqueos sindicales a empresas, la aplicación de convenios específicos a colectivos, la limitación del derecho a huelga y la declaración de la educación como servicio esencial.
Compartir
