El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, emitió una advertencia a la oposición sobre las consecuencias de convertir en ley la nueva fórmula jubilatoria. Francos destacó que, de ser aprobada por el Senado, el Poder Ejecutivo vetará la medida debido a la falta de recursos para cubrir el aumento de los haberes jubilatorios. Sin embargo, aclaró que, si el Congreso insiste y logra los dos tercios de los votos necesarios en ambas Cámaras para evitar el veto, el Gobierno se verá obligado a cumplir la ley reasignando partidas presupuestarias. “El proyecto tendrá que seguir su curso, ver si se aprueba en el Senado, si viene con esa propuesta el Poder Ejecutivo la va a vetar. No hay ninguna posibilidad que el Gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese aumento, no tiene los recursos”, afirmó Francos en declaraciones periodísticas. Francos enfatizó que, en caso de que el Congreso logre los votos necesarios, la administración del presidente Javier Milei priorizará mantener el equilibrio fiscal: “La decisión del presidente Javier Milei es mantener el equilibrio fiscal y cortar otras partidas presupuestarias para eso”, indicó el funcionario. El jefe de Gabinete subrayó la importancia de la responsabilidad fiscal, señalando que el Gobierno debe asegurar que los gastos estén respaldados por recursos disponibles. “Lo fundamental para un Gobierno es tener responsabilidad fiscal, saber que lo que gasta tiene recursos. No estamos viviendo en el pasado cuando todo se solucionaba con endeudamiento o emisión”, agregó. Francos recordó que la oposición ya había intentado impulsar el proyecto de la nueva fórmula jubilatoria junto con el proyecto de Ley Bases y el Paquete Fiscal, propuesta a la que La Libertad Avanza se opuso por falta de financiamiento: “Lo que se hizo fue establecer una fórmula de ajuste jubilatorio a partir del IPC, a la que se le hizo una actualización en enero. Quedaba un desfase del 8%, y lo que han hecho ahora fue tomar ese 8%, pero que no tiene financiamiento”, justificó. Aunque no especificó qué partidas se recortarían para financiar las jubilaciones, Francos mencionó un sector potencialmente afectado: las pensiones por invalidez. Según el funcionario, estas pensiones experimentaron un crecimiento considerable desde 2003, pasando de 77.000 beneficiarios a 1.215.000 al final del Gobierno de Alberto Fernández. Francos argumentó que un análisis de 3.000 casos al azar reveló que el 80% no cumplía con los requisitos para recibir la pensión, lo que representa un gasto excesivo de 2.400 millones de dólares. “Alguna vez, la Anses tendrá que hacer una clasificación de lo que está pagando. La pensión por invalidez representa 3.000 millones en el presupuesto. El 80% son 2.400 millones de dólares que se pagan en exceso. Esos 2.400 millones hoy cubrirían ese 8% de aumento que plantean los diputados”, concluyó Francos.
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