En medio de un contexto marcado por el aumento de la criminalidad juvenil, el Gobierno se encuentra sopesando la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad delictiva. Este tema, que ya generó un intenso debate en la sociedad, encuentra resistencia entre algunos jueces bonaerenses, quienes advierten sobre la complejidad y sensibilidad del asunto. La propuesta gubernamental plantea la posibilidad de bajar a 14 años la edad para imputar penalmente a jóvenes, argumentando la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para hacer frente a delitos cada vez más graves cometidos por adolescentes. Sin embargo, esta iniciativa no está exenta de críticas, especialmente por parte de magistrados bonaerenses agrupados en la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires. En un comunicado conjunto, los jueces destacaron la complejidad del tema, señalando que “abordar un tema tan delicado como es la reducción de la edad de punibilidad con relación a personas vulnerables, quienes por su inmadurez todavía están en plena etapa de crecimiento y evolución personal, no puede realizarse de manera simplista”. Esta declaración subraya la preocupación por la falta de matices en la discusión pública y la necesidad de considerar los aspectos psicológicos y sociales de los jóvenes involucrados. Los jueces también enfatizaron la importancia de buscar soluciones integrales que aborden las causas subyacentes de la delincuencia juvenil en lugar de simplemente ampliar el rango de imputabilidad. Proponen la implementación de programas de prevención y rehabilitación, así como un enfoque más comprensivo hacia la reintegración social de los jóvenes infractores. En la vereda opuesta, defensores de la medida argumentan que la creciente participación de menores en delitos graves requiere una respuesta legal más contundente. Sostienen que la baja de la edad de imputabilidad sería una herramienta disuasoria y permitiría una mayor eficacia en la persecución penal. La discusión sobre la imputabilidad juvenil no sólo involucra a jueces y funcionarios gubernamentales, sino que ha despertado un intenso interés en la sociedad. Organizaciones de derechos humanos, psicólogos y expertos en infancia se sumaron al debate, destacando la importancia de abordar la cuestión desde una perspectiva integral que tome en cuenta no sólo la responsabilidad penal, sino también el bienestar y desarrollo de los jóvenes.
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