Argentina optó por no participar en la elaboración del fallo de la jueza Loretta Preska en el caso relacionado con la expropiación de YPF. La decisión aceleró la posible publicación del fallo, que podría ser emitido en los próximos días si la jueza así lo decide. El fallo establece que Argentina debe pagar más de 16.000 millones de dólares. Sebastián Maril, experto de Latam Advisors, quien siguió el juicio en Nueva York, explicó esta situación y anticipó que la jueza probablemente confirmará la sentencia con los costos propuestos por los demandantes, que ascienden a más de 16 millones de dólares hasta la fecha, además, confirmó que la tasa de interés después del fallo es variable y se ajusta semanalmente, con una estimación del 5,4% para esta semana. Argentina sólo reconoció daños por 4.920 millones de dólares. El Gobierno tiene previsto apelar el fallo a través de la Procuración del Tesoro en octubre, según anunció Gabriela Cerruti, portavoz presidencial. Cerruti destacó que “el gobierno argentino continuará defendiendo la soberanía energética y la empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto electoral, “es probable que la decisión de negociar con el fondo demandante o llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos recaiga en el próximo gobierno”. En caso de una apelación argentina, Maril sugiere que el fondo demandante podría buscar el embargo de activos argentinos en el extranjero, ejemplificando la retención de la Fragata Libertad en Ghana en 2012 debido a deudas impagas del país. Si Argentina opta por no apelar y decide pagar, todavía tiene varias opciones legales para explorar. Según el especialista, podría cumplir con la obligación mediante la emisión directa de bonos, similar a lo que hizo en 2014 con Repsol.
Compartir
