Según una medición realizada por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la tasa de pobreza en Argentina alcanzó su nivel más alto durante la presidencia de Alberto Fernández. El informe, realizado por el experto en estadísticas sociales Martín González Rozada, revela que un 43,4% de la población del país se encuentra en situación de pobreza en la primera mitad del año. La estimación se basa en un promedio ponderado de tasas de pobreza proyectadas para diferentes períodos. En diciembre de 2022, se estimó una tasa de pobreza del 41,2%, mientras que para el primer trimestre de 2023 se proyectó un 42,3%. Sin embargo, el bimestre de abril y mayo de 2023 registró un aumento significativo, llegando al 46%. Estas cifras indican que alrededor de 12,6 millones de personas viven en hogares urbanos pobres, de una población urbana de aproximadamente 29,1 millones de personas. Es importante destacar que este porcentaje es el más alto durante la presidencia de Alberto Fernández, superando el 42,9% registrado a mediados de 2020, en plena pandemia de coronavirus. Sin embargo, no es el índice más alto en la historia del país, ya que se han registrado porcentajes aún más elevados en situaciones de crisis anteriores. La medición utilizada, conocida como “nowcast de pobreza”, se basa en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), junto con proyecciones de la canasta básica total (CBT) utilizando el Índice de Precios al Consumidor y proyecciones de los deciles de ingreso total familiar. Esta estimación se actualiza mensualmente y proporciona una visión general de la incidencia de la pobreza en términos del porcentaje de personas que viven en hogares pobres de forma semestral. Durante la hiperinflación del gobierno de Raúl Alfonsín, se alcanzó un alarmante 47,3% de pobreza. Posteriormente, la crisis económica del 2001 llevó la tasa de pobreza al 54,7%, y a principios de 2003 se registró un 54% de personas en situación de pobreza. La alta tasa de pobreza actual representa un desafío significativo para el gobierno argentino y destaca la necesidad de implementar políticas y programas efectivos para abordar este problema social y económico.
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