A pesar del intento del Gobierno de bajarle el impacto al tarifazo de febrero, la suba entre el 30% y 40% en la energía eléctrica ya comenzó a correr desde el primer día de febrero. El incremento tarifario derivado de la quita de subsidios recae sobre los usuarios residenciales de mayores ingresos y los hogares de sectores medios que consuman más de 400 KWh mensuales en el área metropolitana y más de 650 KWh en las provincias que integran la región del Norte Grande. Los aumentos para ese bloque de usuarios habían arrancado en octubre con una quita del 20% de los subsidios que dio paso a un ajuste tarifario promedio del 40%. Prosiguió en diciembre con un segundo corte del 40% de los subsidios vigentes que disparó una nueva suba promedio del 80% en el precio de la energía, y ahora llega la tercera y última quita del 40% restante de los subsidios que estaban en pie con otro aumento del orden del 70% en el precio mayorista de la energía que tendrá un impacto final en las facturas del 30% al 40%. Para los usuarios de mayores ingresos enmarcados en el Nivel 1 y los encuadrados en el Nivel 3 que sobrepasen los topes de consumo bonificados, la eliminación total de los subsidios representará una suba promedio en la boleta final del 150% con respecto a las tarifas que estaban vigentes en setiembre pasado. A eso habrá que agregarle los aumentos específicos para las distribuidoras y cooperativas eléctricas que están tratando en cada provincia junto con las subas correspondientes para Edenor y Edesur que tiene que definir el gobierno nacional. Tras varios meses de mutismo oficial sobre esas cuestiones, un reciente informe del área energética que conduce la massista salteña Flavia Royón, puso sobre el tapete el escenario actual que dejó configurado la “segmentación tarifaria eléctrica”. El 34% del total nacional, está integrado por 3,2 millones de hogares que desde este mes pasarán a pagar el componente tarifario de generación sin ninguna clase de subsidios. En tanto, los agrupados en la categoría de bajos ingresos que seguirán conservando los subsidios suman 4,6 millones de hogares y representan el 47,8% del total. Completan el cuadro los encasillados en el Nivel 3 que equivalen al 18,3% del total y alcanzan a 1,7 millones de hogares de clase media que deberán afrontar el precio pleno de la energía sólo en los casos que superen los escalones de consumo que permanecen bonificados. Al analizar la situación particular de cada provincia, el informe destacó que hay cinco jurisdicciones que tienen los niveles más altos de usuarios residenciales que perderán la totalidad de los subsidios. Por encima del promedio nacional del 34%, las mayores incidencias de hogares Nivel 1 se dan en la Capital Federal con el 47,3%, en la provincia de Córdoba con el 42,1% y Tierra del Fuego con el 41,6%. Les siguen Neuquén con el 41,5% y Entre Ríos con el 39,2% de los hogares considerados de mayores ingresos que tendrán una quita total de subsidios. A la quita de subsidios habrá que agregarle los aumentos específicos para las distribuidoras y cooperativas eléctricas. A su vez, el bloque de provincias donde los hogares Nivel 1 representan entre el 20% y 35% de la clientela residencial está compuesto por: Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, San Juan, Corrientes, Misiones, Chubut y Santa Cruz. En tanto, en el lote de las provincias que tienen la menor cantidad de hogares de altos ingresos quedaron sólo San Luis con el 13,9% y La Rioja, donde apenas el 10% de los clientes residenciales abonarán la tarifa plena. Con respecto al mantenimiento de los subsidios, el documento elaborado por los técnicos de Energía señaló que “los mayores índices de cobertura se observan en las provincias con mayor índice de vulnerabilidad social como las provincias del NOA, aunque también existen índices particularmente elevados en Chubut, San Luis, Santa Cruz y Mendoza, que a priori se las identifica como provincias con ingresos medio-alto”.
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