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Las 4 entidades de la mesa de enlace (Sociedad Rural, Coninagro, CRA y Federación Agraria) rechazaron la intención del Gobierno nacional de recuperar la potestad para fijar las retenciones a las exportaciones durante 2023, por medio del proyecto de la nueva Ley de Presupuesto, que será debatida en el Congreso. “La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) rechaza el intento plasmado en el artículo 96° del proyecto de Ley de Presupuesto 2023, donde el Gobierno nacional pretende recuperar las facultades que tenía en la Ley N° 27.541/19 (Ley De Solidaridad Social y Reactivación Productiva), por las que podrá cambiar, modificar y/o establecer las alícuotas de los derechos de exportación”, señalaron los ruralistas por medio de un comunicado, titulado “cada uno debe cumplir su rol”. Al respecto, argumentaron: “Los representantes del Poder Ejecutivo no pueden auto proponer funciones que no les corresponden. Los representantes del Poder Legislativo deben dejar de ceder sus facultades propias del cargo para el que han sido votados. Y todos ellos deben dejar de hacer caso omiso a lo dispuesto por la Constitución Nacional, que es la Ley Suprema que debe regir el funcionamiento de nuestro país. Una vez más, la política pretende coartar el crecimiento y el desarrollo productivo con políticas confiscatorias imponiendo gravámenes que restringen la producción, el crecimiento y la generación de empleo”, concluyeron las gremiales del sector agropecuario. En ese sentido, desde la Fundación Barbechando, conformada por productores que siguen la agenda legislativa del sector en el Congreso, también manifestaron su preocupación sobre el tema. “Queremos alertar a los legisladores nacionales que el proyecto de ley de Presupuesto 2023 propone que el Ejecutivo Nacional podrá ejercer las facultades de fijar derechos de exportación hasta el 31 de diciembre de 2023″, señalaron por medio de su cuenta de Twitter, donde también difundieron un comunicado titulado “Argentina más impredecible”, en repudio a la iniciativa oficialista. El Ejecutivo nacional perdió la facultad de fijar las retenciones a partir del rechazo al Presupuesto 2022 en el Congreso a fines del año pasado, cuando el oficialismo intentaba prorrogar esa posibilidad por otros 2 años. Eso impulsó a que distintas entidades rurales presentaran demandas en la Justicia, ya que consideran que las actuales alícuotas sobre los granos son inconstitucionales. De hecho, a mediados de agosto, el juez federal de Junín, Héctor Plou, declaró la inconstitucionalidad de las retenciones fijadas por el Decreto 851/2021. Fue a raíz de un amparo presentado por los abogados Luis Panetta y Alejandro Barbieri, quien además es productor agropecuario y fue presidente de la Sociedad Rural de esa localidad bonaerense. En febrero, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) presentaron una demanda contra los DEX en la Justicia de Córdoba. El juez Ricardo Bustos Fierro se declaró competente para tratar el pedido de los ruralistas y le ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que fundamente el cobro de este tributo.

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