La vicepresidente Cristina Fernández, luego de los duros enfrentamientos con Alberto Fernández, se concentrará de lleno en su agenda judicial. El Tribunal Oral Federal 2 reinicia el juicio por corrupción en la obra pública en Santa Cruz que tiene a CFK como principal acusada en el proceso, en carácter de jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar millonarios contratos al empresario K Lázaro Báez. Este lunes se inician los alegatos en el proceso, previo a la etapa final del juicio que tiene a la Unidad de Información Financiera (UIF) como único querellante, ya que cerca de un mes atrás la Oficina Anticorrupción (OA) decidió no acusar a la vicepresidente. La Unidad de Información Financiera pidió postergar para agosto el inicio de los alegatos del juicio. El planteo del organismo es que es el primero en alegar y que por lo complejo y voluminoso de la causa se necesitaba más tiempo pero el tribunal integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso rechazó el pedido. Los jueces respondieron que el inicio de los alegatos lo comunicaron el 3 de junio, con más de un mes de anticipación para que las partes pudieran prepararlos. La investigación de la causa Vialidad, que involucra a Cristina Fernández, se inició a partir de una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel. La presentación fue por la acusación de graves irregularidades en contratos de obra pública en Santa Cruz, como sobreprecios. En la causa por corrupción en la obra pública la vicepresidente está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez. El juez federal Julián Ercolini advirtió al elevar la causa a juicio oral que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K por $46 mil millones. Según la acusación hubo una “maniobra de corrupción” entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales con los que “se montó una organización criminal”. De acuerdo a las acusaciones hubo “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”. Por su parte, Cristina Fernández, resolvió días atrás desistir de un reclamo y aceptó que la sigan investigando en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”, por la que condenaron a Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero. El reclamo que la vice desistió de hacer, es la apelación a una decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien se opuso a sobreseerla. Fernández dio marcha atrás con la apelación ante las versiones de un eventual fallo en contra de la Cámara Federal porteña. Por la falta de acuerdo entre los camaristas Eduardo Farah y Mariano Llorens se había convocado para definir a Pablo Bertuzzi, uno de los magistrados que la vice cuestionó en Twitter y que el Gobierno intentó remover de su cargo.
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