La carta de Alberto Fernández a Arabela carreras, gobernadora de Río Negro, en medio de la escalada de violencia mapuche, no sólo llamó la atención por su dureza y el afán por desligarse, sino por sus efectos contrarios a la voluntad expresada por Alberto Fernández en esas líneas: reducir el conflicto a un problema provincial y evitar que se meta en la agenda nacional. “No es función del Gobierno reforzar el control de las rutas nacionales”, aseguró Fernández en el mismo texto en que manifestó que a su Gobierno “lo guía el federalismo”. Y justificó su postura en que la ley 24.059 de Seguridad Interior establece que las fuerzas provinciales y federales deben actuar de manera conjunta si se encuentran empeñados en el restablecimiento de la propia seguridad interior, y este no es el caso. Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”, continuó el mandatario. Arabela Carreras le había reclamado a la Casa Rosada el envío de efectivos para contener la situación después de que mapuches vinculados a la RAM incendiaran el Club Andino Piltriquitrón. “No pido un favor, lo estoy exigiendo”, dijo la gobernadora en una entrevista. Fernández se comprometió a “asistir en esta oportunidad a la provincia a su cargo, con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona en cuestión”. Pero la ayuda salpicada con reproches no le salió gratis. “Me parece muy mal que el Presidente no quiera ayudar”, fue la reacción de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y remató: “No veo ninguna actitud de diálogo y consenso en este Gobierno”. El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, también salió al cruce: “Así gobiernan, mirándose el ombligo”.
