El deterioro salarial llegó a tal punto en la Argentina que el salario mínimo dispuesto por el Gobierno no alcanza ni siquiera a superar la canasta alimentaria. Esto significa que aún luego del esquema de ajuste acelerado dispuesto en las últimas horas, quien gana el piso salarial no le resultará suficiente para salir de la indigencia. El oficialismo dispuso la aceleración del esquema de aumento del 35% que se había estipulado hace un par de meses. Como consecuencia de esa decisión, en julio la suba llegará al 6%, con un salario mínimo de $27.216, en agosto subirá 4% y en septiembre otro 1% hasta llegar a $29.160, según definió el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. A ese nivel tendría que haber llegado en febrero de 2022. Se estima que en un par de meses habrá una revisión y se definirán nuevos ajustes para no perderle pisada a la inflación, menos en un año electoral. Lo paradójico es que a pesar de este ajuste, el piso salarial ni siquiera llega a cubrir la canasta alimentaria, que en mayo fue de $27.423 para una familia con dos hijos. A esta cifra hay que agregarle al menos un 3% adicional de inflación registrada en junio. “Hoy el salario mínimo, vital y móvil no logra lo propuesto con la ley 16.459 sancionada en junio de 1964, donde se aseguraba que debía asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market. El analista también efectuó un análisis del salario mínimo en dólares. Allí surge que en términos constantes hoy se paga 58% menos en moneda dura que al momento de instaurarse, es decir en 1964. Al tipo de cambio oficial, el piso salarial hoy es de 252 dólares, pero tomando en cuenta el dólar financiero apenas asciende a 160 dólares. Por otra parte, el aumento del salario mínimo antes de tiempo también gatillará subas en planes sociales, que ajustan según la evolución de aquella variable. Esto significa que la reciente decisión del Gobierno persigue justamente un aumento también acelerado en el otorgamiento de planes sociales antes de llegar a las elecciones legislativas, fijadas para el 14 de noviembre.
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