La ciudad de Reconquista en la provincia de Santa Fe, es una de las miles de ciudades argentinas donde la crisis habitacional tomó un protagonismo político y social. En las últimas semanas se efectivizaron dos tomas de terrenos que aún no encuentran una solución desde el Gobierno provincial. El 10 de junio, unas 816 familias ocuparon los terrenos pertenecientes al campo de una familia de apellido Cian, en el barrio de Belén. Y en el transcurso del viernes, al menos unas 100 familias se establecieron en un campo ubicado en el Departamento de General Obligado perteneciente a la empresa ganadera Ernesto Roberts SCA, que se ubica nada menos que a menos de un kilómetro de la plaza principal de la ciudad. La diputada de la Coalición Cívica Lucila Lehmann repudió de manera pública la primera usurpación del 10 de junio. Además, apuntó a sectores del kirchnerismo provincial como los instigadores de las tomas. “Repudio la toma ilegal de tierras en Reconquista y de cualquier propiedad privada de mi país. Más aún, cuando se trata de una usurpación armada y violenta. Resulta sumamente reprochable la justificación política que pretenden hacer ciertos sectores del kirchnerismo. Parece que se olvidan eso de que “dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada”, afirmó la legisladora. La dirigente acusa al kirchnerismo a raíz de un comunicado difundido por una agrupación de mujeres locales ligadas al Partido Justicialista de Santa Fe, en apoyo a las familias que se instalaron en los terrenos en disputa. En ese documento, el conjunto de organizaciones también cuestionaron las formas para alcanzar sus objetivos. El documento en cuestión, estuvo firmado por diferentes agrupaciones e individuos como Soledad Zalazar, Gabriel Gasparutti, Marta Staringher, Estela Pietropaolo y Jorge Micheli. Una representante de la toma se reunió con el intendente de la ciudad, Amadeo Enrique Vallejos, pero no aceptó la propuesta de abandonar el terreno para trabajar luego en conjunto en políticas habitacionales. De acuerdo al Ministerio Público de la Acusación de Reconquista, el fiscal Leandro Mai imputó a tres personas de entre 20 y 27 años que agredieron al personal policial que intentaba retirar a las familias del lugar. Como resultado de ese suceso, 13 policías sufrieron heridas leves y se dañaron cinco patrulleros. Por otro lado, la toma del terreno del viernes causó conmoción y desesperación a sus dueños, la familia Roberts. En tanto, una de los propietarios, fue la encargada de negociar con una representante de la toma una salida pacífica al conflicto. Mientras la usurpadora aseguró que la empresaria les había asegurado que no tenía problemas en brindarles las tierras, la propia socia de la empresa negó esos dichos. Afirmó que el pacto había sido retirar a todas las familias del predio y recién después sentarse a negociar una propuesta de solución al conflicto habitacional.
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