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Senadores del Frente de Todos que responden a Cristina Fernández, tratarán un proyecto de declaración que le reclama al ministro de Economía, Martín Guzmán, que no utilice los fondos frescos que llegarán del FMI para pagar deuda externa. El proyecto, impulsado entre otros por Oscar Parrilli, propone destinar los 4.350 millones de dólares que le corresponden al país por el aumento del capital del Fondo Monetario Internacional, para combatir la pobreza y el desempleo. El planteo de los senadores kirchneristas llega en la previa del viaje a Guzmán por Europa en busca de apoyo político para la negociación con el FMI para alcanzar un nuevo programa de financiamiento de la deuda por 45.000 millones contraída durante el gobierno de Mauricio Macri. Con el Club de París, por su parte, en mayo vence el plazo para el pago de un compromiso de alrededor de 2.500 millones de dólares. También se enmarca en un clima de tensión al interior de la coalición gobernante por el intento de Guzmán de desplazar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. El funcionario, respaldado por Cristina Fernández y Máximo Kirchner, finalmente fue confirmado en el cargo y dejó al descubierto la puja por el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Guzmán, según dejaron trascender fuentes del Ministerio de Economía, intentó desplazar a Basualdo debido a su “incompetencia” ya que no había confeccionado un plan de segmentación para las tarifas eléctricas. Después de los trascendidos, desde el entorno de la vicepresidente salieron a respaldar a Basualdo y a afirmar que seguía en su cargo y que nadie le había pedido la renuncia. También el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se metió en la interna y calificó a Basualdo como “un excelente funcionario”. El sábado se publicó en el Boletín Oficial un aumento de 9% en las tarifas de electricidad para usuarios del AMBA (donde operan las distribuidoras Edenor y Edesur). Desde el kirchnerismo advirtieron que será el único incremento en el año. El FMI emitirá este año el equivalente a USD 650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda del Fondo) para inyectar capital a sus países miembro en medio de la pandemia de Covid-19. Como Argentina tiene una participación equivalente a algo menos de USD 0,7% del capital del organismo, recibirá en torno a USD 4.350 millones de esa emisión. Los fondos casi coinciden con los pagos que tiene que hacer el país este año al organismo. Guzmán maneja un delicado programa financiero para este año, con vencimientos abultados tanto ante el FMI como ante el Club de París para los que la inyección de DEG resultan de utilidad de manera tal de financiar esos pagos sin caer en default ni la necesidad de cerrar un acuerdo que, se espera, se demore al menos hasta después de las elecciones legislativas de este año.

 

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