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El Gobierno de Alberto Fernández, luego de defenestrar la decisión de la Corte Suprema que habilitó a Rodríguez Larreta a seguir con la presencialidad en las escuelas, relativizó la vigencia del fallo al considerar que la determinación del Máximo Tribunal se aplica exclusivamente al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que venció el viernes, y que por lo tanto no rige para el decreto que se publicó en el Boletín Oficial el sábado. Además, señalan que hay “concurrencia” de parte de las provincias como exige la Corte para que las restricciones sean aplicables en todo el territorio nacional. En ese sentido, cuestionan al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque “desacata” las medidas nacionales para paliar la pandemia de coronavirus. Por ahora no harán presentaciones ante la Justicia. En cambio, apostarán a que se apruebe en el Congreso Nacional una ley que, como anunció Alberto Fernández, fije parámetros epidemiológicos para sistematizar la implementación de políticas restrictivas contra los contagios. En declaraciones públicas en redes y en discursos oficiales, Alberto y Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Justicia, Martín Soria salieron a cuestionar con dureza el fallo de la Corte. La Vicepresidente comparó el dictamen con un “golpe”, mientras que Alberto Fernández lo consideró una muestra de “decrepitud”. Después de varias conversaciones internas, altas fuentes de la Casa Rosada aseguraron que arribaron a la conclusión de que el fallo del Máximo Tribunal se aplica exclusivamente sobre el DNU del 16 de abril, que venció el viernes pasado. Desde la perspectiva del Gobierno, al dictarse un nuevo decreto el sábado, la decisión de la Corte no tiene vigencia para las actuales restricciones. “No aporta nada”, deslizó un alto funcionario sobre el fallo. En ese sentido, aseguró que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “desobedece” la ley nacional. “La Ciudad se tiene que ajustar a derecho”, expresaron las fuentes con respecto al nuevo DNU, que rige hasta el 21 de mayo. Aseguraron que todas las medidas fueron “consensuadas” con los distritos; y cuestionaron a la dirigencia porteña de Juntos por el Cambio por “judicializar la política y politizar la Justicia”, una acción que consideran “dañina” para el sistema institucional. Para defender su postura, además, señalaron el apartado del fallo de la Corte donde el juez Ricardo Lorenzetti, al enfatizar sobre el derecho a la educación, sostiene que “el Estado Nacional sólo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias”. El Gobierno cree que, con las firmas de la mayoría de las provincias en el Consejo Federal de Educación que se celebró el martes por la tarde, “existe la concurrencia que exige la Corte”. Desde el Gobierno de la Ciudad, ya anunciaron que las escuelas continuarán abiertas. A diferencia de la Nación, consideran que el fallo de la Corte rige como precedente para todos los DNU relativos a las medidas sanitarias que se publicarán. Se basan también en los dictámenes que emitieron, la semana pasada, las cámaras porteña y federal número 4 y 6; y en la determinación de la Procuración General de la Nación, que conduce de forma interina Eduardo Casal, que dictaminó el jueves pasado que el decreto 241 del Presidente es inconstitucional.

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