La Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, presentó su escrito ante la Corte Suprema, a través del que justificó a lo largo de 113 fojas, la necesidad de instaurar las clases virtuales en la zona del AMBA hasta el 30 de diciembre, como “una protección de la vida y la salud pública”. Mostró estadísticas, disparó alguna munición sobre la propia Corte y reclamó que se ratifiquen “la constitucionalidad del DNU”. Los argumentos sanitarios y jurídicos no quedaron allí y, el Gobierno Nacional, decidió exigir al máximo tribunal que antes de tomar alguna resolución se convoque al gobierno de Axel Kicillof para que también pueda opinar en la causa, dado que permitirle a la administración de Rodríguez Larreta mantener las clases presenciales afectará directamente en los problemas sanitarios del conurbano bonaerense. Con este pedido expreso, el Gobierno Nacional parece buscar dilatar aún una respuesta inmediata por parte del máximo tribunal, justo cuando las autoridades están definiendo cómo seguirá el escenario de restricciones a partir del próximo sábado, 1 de mayo, fecha en que termina el plazo fijado por el DNU. Disparando sobre la Corte Suprema por haber permitido que la administración de Rodríguez Larreta pudiera litigar ante el máximo tribunal como si fuera una provincia más, el texto que prepararon los funcionarios de la Procuración del Tesoro sostuvo: “Ya que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se autopercibe autónomo, en términos tales que no advierte que sus actos y omisiones proyecten efectos y consecuencias más allá de los límites territoriales de la Ciudad, en particular a la esfera del AMBA”, entonces corresponde citar al juicio al Gobierno de la provincia de Buenos Aires para garantizar el debido proceso y el ejercicio de derecho de defensa”. Según se resaltó, si se cambiara lo resuelto en el DNU en relación a la ciudad de Buenos Aires, “aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones involucradas y por lo tanto se incrementa la velocidad en el crecimiento de los contagios poniendo en riesgo así la salud de la población y el sistema sanitario no sólo de CABA sino también de la provincia en tanto resulta parte integrante de este aglomerado urbano”. En ese sentido, el Gobierno advirtió que “cualquier decisión que eventualmente adopte” la Corte cambiando los efectos del DNU, como piden los funcionarios porteños, “tendrá efectos ineludiblemente de una u otra forma sobre la esfera de la provincia de Buenos Aires”. La jugada del Gobierno Nacional fue estudiada desde el mismo momento en que la Corte Suprema le corrió vista para que opinara. Más allá del fallo de la Justicia porteña que le permitió a Rodríguez Larreta mantener clases presenciales en la órbita de la Capital Federal, la administración de Alberto Fernández decidió tomarse todo el tiempo previsto para responder los argumentos con los que fue a la Corte el alcalde porteño.
