El Gobierno nacional, tiene que presentar pruebas para revertir el fundamento del Gobierno porteño para determinar que el DNU de Fernández sea considerado inconstitucional. “La respuesta no sólo será jurídica, sino también epidemiológica”, afirmaron. La medida busca que se declare inconstitucional el artículo 2 del decreto oficial que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo presentó ante la Corte Suprema, minutos antes de ingresar a la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Fue, en ese momento, una señal clara de que no iba a claudicar en su pedido judicial para evitar que se suspendan las clases presenciales. En paralelo, avanzó en la justicia porteña un recurso de amparo de un grupo de padres que consideraba que la educación de sus hijos estaba en riesgo. Esa causa es la que terminó definiendo la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de CABA con un fallo que permitió que las escuelas de la Ciudad puedan seguir dando clases presenciales. “El presente caso presenta un conflicto de competencias entre el Estado Nacional y la CABA. Por ello, teniendo en cuenta el carácter federal de las cuestiones involucradas y la jurisprudencia que reconoce el derecho de mi representada de acceder a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se requiere a V.E. la tramitación del presente proceso en instancia originaria”, sostiene la presentación que hizo el jefe de Gobierno el viernes en referencia a la competencia de la Corte. La Corte Suprema aceptó su competencia en el caso y le pidió al Gobierno nacional para que presente sus pruebas. El Gobierno va a contestar con la mayor celeridad posible el escrito de la Corte. Es decir, no va a postergar la respuesta para el final de la semana, ni dejar correr los cinco días que tiene de margen para hacerlo. Quieren resolver con rapidez y precisión y evitar que el máximo tribunal dilate su decisión. La respuesta terminará de diseñarse entre el equipo jurídico que asesora a Fernández y la Procuración. Se tendrá en cuenta un informe epidemiológico que sumará la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que da cuenta de los motivos por los que se tendrían que suspender las clases presenciales y, reducir así, aún más la circulación en el AMBA. La línea argumental del escrito dejará expuesta la idea que tiene Alberto Fernández sobre los motivos por los que tomó la decisión de suspender la presencialidad por dos semanas. El mandatario considera que la medida no está dictando una medida de política educativa, sino de política sanitaria. Hay un interés general y es la salud de la población en medio de una pandemia y frente al impacto de la segunda ola de contagio de COVID-19. La batalla judicial representa un nuevo capítulo del enfrentamiento político, cada vez más duro, que están protagonizando el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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