El Gobierno decidió ponerle fin a los beneficios que tuvieron algunos sectores sociales, con la finalidad de atenuar los efectos económicos de la pandemia. Uno de ellos es que hoy vence el congelamiento del valor de los alquileres y la prohibición de desalojos. Los inquilinos habían pedido al Gobierno que revea la decisión y sus consecuencias, pero la respuesta fue negativa. Existe una gran cantidad de expedientes que aguardan el fin del DNU 61/21 para ejecutar las órdenes redactadas con anterioridad por los jueces. Por ende, el Gobierno se enfrenta a una ola de desalojos en medio de un nuevo pico de contagios de coronavirus, además del riesgo de que se dispare la cantidad de inquilinos informales que no puedan pagar los nuevos montos ni las deudas contraídas. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales. Al respecto, Luciano Scatolini, titular de la dependencia de la cartera a cargo de Jorge Ferraresi, señaló que se llevará adelante un protocolo que permita caracterizar el universo posible de desalojos y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales. Sin embargo, la medida no convence a los inquilinos. “Se vence el DNU y se pone en funcionamiento todo el sistema de desahucio que había sido suspendido. La única realidad es esa”, lamenta José Luis Griselli, presidente de la Asociación de Defensa de Inquilinos. “Como recurso queda la vía del amparo contra el gobierno nacional y el porteño. Por diferentes motivos e invocando diferentes leyes, como una falta al deber de asistencia entre cónyuges. Es el único tecnicismo que podría frenar eventualmente un desalojo. No sé si todo el mundo está al tanto de esta alternativa. Yo no he recibido ninguna consulta en ese sentido”, agregó Griselli. Y profundizó: “Respecto de las órdenes de desalojo que puedan surgir, tienen que transitar el proceso de mediación entre las partes. Una vez superada esa instancia, se iniciará el proceso de desalojo, que no es automático. Tiene que haber una sentencia y una orden firme. De acá a unos seis u ocho meses, con resoluciones firmes, recién se podrían materializar los desalojos que todavía no se han iniciado. Guillermina Greco, abogada del programa Derecho a la Ciudad de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostiene que “los inquilinos tienen una serie de derechos ante una orden de desalojo”. Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, asegura: “La única herramienta para evitar el desalojo es el decreto. No hay otra”. Los dirigentes de las asociaciones de inquilinos son críticos con el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos que intenta instrumentar el Ejecutivo nacional. “De temprana no tiene nada. Tuvieron un año largo para hacer un sondeo prolijo, especialmente de cuáles son las causas en trámite y cuáles son las más sensibles, aquellas que ya están en proceso de desalojo”, remarca Griselli. Y continúa: “Me gustaría saber en qué consiste, cómo lo van a llevar a cabo. Cómo va a ser la asistencia para esas familias que van a quedar en situación de calle o de vulnerabilidad”.
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