Cristina Fernández solicitó a la justicia que le devuelvan, de manera “urgente”, el manejo de sus sociedades y hoteles. El pedido fue formulado por su abogado, Carlos Beraldi, quien reclamó la finalización de las intervenciones judiciales de las empresas Los Sauces SA, Hotesur SA, el hotel Los Sauces y el ‘condominio de Máximo y Florencia Kirchner’ en un plazo máximo de 60 días. El pedido se hizo ante el juez del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, el mismo que permitió que Amado Boudou accediera a prisión domiciliaria al comienzo de la pandemia. Beraldi, además, requirió que los interventores presenten un informe final y que un equipo técnico audite el trabajo de los auxiliares de la justicia para determinar la situación patrimonial de las sociedades y el condominio. Para la abogada Silvina Martínez, denunciante en la causa, “se trata de una maniobra que busca recuperar el control de los hoteles y las propiedades de la familia Kirchner como el ingresos de los alquileres de esos inmuebles”. También, dijo, “apunta a demorar, todavía más, el inicio del juicio oral y público de la causa que tiene a la vicepresidente acusada de formar asociación ilícita dedicada al lavado de activos de fondos del Estado”. En ese marco, hizo una presentación ante el TOF 5 para evitar que se haga lugar al pedido. El caso Hotesur investiga el alquiler que realizaron las empresas de Lázaro Báez de habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner. Los hoteles eran gerenciados por la firma Hotesur y, la Justicia, sospecha que esos cuartos permanecieron vacíos, pero se simularon las contrataciones como una manera de facturar y de que ingresara dinero blanco a las arcas de los Kirchner. A criterio de los investigadores, el dinero con el que Báez pagó era en realidad una devolución por los contratos viales que recibió de obra pública en Santa Cruz. El caso Los Sauces fue elevado a juicio en 2018. Hotesur pasó a esa etapa en febrero de 2019. Sin embargo, hasta el momento no hay certeza de cuándo se realizará el debate oral. El año pasado se especulaba con que podría ser sobre el final de 2021, pero hasta ahora no hay certezas sobre ello. Todas las sociedades registran cuantiosas deudas en concepto de impuestos inmobiliarios, tasas y expensas, las que además vienen generando importantes intereses resarcitorios y punitorios que deberán ser satisfechos al momento en que todo este descalabro comience a ser normalizado.
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