El oficialismo aprobó ayer una resolución en la que sostuvo que la circular que la ANSES le mandó a jueces y fiscales, no es una intimación a cesar en el cargo para evitar la pérdida de derechos previsionales ya adquiridos. Lo hizo con el rechazo de la oposición, que plantea una postura más dura: que la ANSES deje sin efecto las notas porque “constituyen una perturbación a la tranquilidad de espíritu de los magistrados judiciales y una lesión al principio de independencia del Poder Judicial de la Nación”. Las posturas estaban igualadas en seis votos cada parte, y el desempate fue de la diputada peronista Graciela Camaño, que tenía su propio proyecto pero que ante la igualdad se inclinó hacia el oficialismo. El dato político no es menor y pone de manifiesto la sintonía fina que existe entre la legisladora y la Casa Rosada. No es la primera vez que define una votación a favor del oficialismo en temas determinantes para la agenda del Gobierno y por ese motivo la oposición cree que la dirigente ha perdido la independencia que en algún momento disimuló ostentar en el Consejo. El año pasado, también gracias a su intervención decisiva, se inició la avanzada sobre los traslados de los jueces que están en la mira del kirchnerismo por investigar los casos de corrupción, entre ellos los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y el juez Germán Castelli. La discusión fue sobre las notas que a mediados del mes pasado la ANSES empezó a enviar cartas documentos a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios que ya tenían la jubilación otorgada. Allí se señalaba que tenían 30 días para presentar la renuncia y acogerse a la jubilación o el trámite que tenían aprobado iba a ser archivado. La notificación llegó a más de 200 jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios ya con la jubilación otorgada. Entre ellos los jueces de la Cámara Federal Bruglia y Martín Irurzun, los de Casación Federal Eduardo Righi y Liliana Catucci, la magistrada federal y electoral María Servini, los fiscales federales Carlos Stornelli y Eduardo Taiano y el procurador general interino, Eduardo Casal. Algunos criticados por el oficialismo.
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