Alberto Fernández alertó, la semana pasada, sobre la gravedad del impacto de la segunda ola en el marco de la falta de vacunas y la amenaza de nuevas cepas de coronavirus. A pesar de lo dicho, el Gobierno aún evalúa los detalles del decreto o decisión administrativa sobre que hará frente a esta situación. Los temas de salud son extremadamente delicados para el Gobierno, después de un año donde las principales críticas de la oposición y sectores empresariales y sindicales giraron en torno a la extensión de la cuarentena obligatoria que puso en jaque a la economía. Las políticas sanitarias se deciden con tiempo, en diálogo con los gobernadores y ministros de salud provinciales, y se aplican a cuentagotas. Para mañana está prevista una nueva reunión de la Junta de Inmunizaciones, que se suma a los encuentros interministeriales de los últimos días, protagonizados por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; Seguridad, Sabina Frederic; y Transporte, Claudio Meoni; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra y los gobernadores. Según trascendió, las reuniones para definir los detalles de las políticas continuarán hasta el fin de semana. El nuevo paquete de medidas para prevenir la suba de contagios y el ingreso de nuevas cepas de coronavirus que el Gobierno adelantó hace diez días, se oficializará antes del sábado. Ante la fuerte expectativa e incertidumbre de la población, la administración de Alberto Fernández aclaró que no habrá restricciones a la circulación, sino refuerzo de los controles sanitarios fronterizos y disminución de vuelos. En el marco de la crisis económica y en el año electoral, se mantiene vigente la decisión de interferir lo menos posible en actividades comerciales y sociales. En la Casa Rosada creen que no hay margen para evitar mayores restricciones mientras no se registre un aumento de los casos de coronavirus, ni circulación comunitaria de las nuevas cepas. Las nuevas medidas no contemplan “restricciones” sino que apuntan a “reforzar controles”. Se disminuirá aún más la cantidad de vuelos provenientes de naciones consideradas “de riesgo”, se aumentarán los monitoreos en las fronteras terrestres para transportistas, y se obligará a los turistas argentinos a que paguen sus propios tests. Además, se acentuarán los controles del cumplimiento de aislamientos preventivos al regresar al país. En el marco de la crisis económica y cuando faltan meses para las elecciones legislativas donde el Frente de Todos busca lograr una muestra de apoyo de la población a su gestión, Alberto Fernández fue enfático con su Gabinete acerca de la necesidad de mantener vigentes la mayor cantidad de tiempo posible las actividades sociales y económicas. Las cuestiones de índole sanitaria y económica, evalúa el primer mandatario, ostentan el mayor peso en la lista de prioridades para la opinión pública.
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