Eduardo Casal, procurador general de la Nación (interino), no se sorprendió ante el embate del flamante ministro de Justicia Martín Soria, quien dijo en declaraciones periodísticas que “está atornillado al cargo”. Casal fue puesto, nuevamente, en el centro de la pelea que mantiene el oficialismo con la Justicia. El procurador sabe que esas declaraciones son la antesala de una nueva ola de intentos para forzar su renuncia. En la intimidad ya dio a entender que seguirá en su puesto. Es más, en las últimas horas rechazó la intimación de la ANSES para provocar su jubilación. Casal es uno de los 200 magistrados que recibieron en febrero una intimación para que presenten su renuncia en 30 días y dejen el cargo. Entre los magistrados intimados figuran los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Taiano, y el juez de Casación Federal Eduardo Righi, entre otros. El procurador interino contestó en los últimos días la intimación de la ANSES pero la novedad trascendió recién hoy, ante un nuevo embate del Gobierno en su contra. En la intimidad, Casal repite que no piensa renunciar. “Se tienen que poner de acuerdo y nombrar a un procurador”, suele decir a sus allegados. De hecho, la propuesta de Alberto Fernández para que el juez federal Daniel Rafecas sea el nuevo jefe de los fiscales, está hace un año en el Senado y hasta ahora no fue tratada. El procurador interino sabe que es uno de los principales objetivos del Gobierno, no sólo por su responsabilidad institucional, como jefe de todos los fiscales, sino también por sus dictámenes ante la Corte Suprema sosteniendo la acusación. En su entorno recuerdan su actuación reciente en los casos de Milagro Sala, Amado Boudou y los jueces Bruglia y Bertuzzi, por citar algunos ejemplos. Proyectado en el tiempo, ese rol puede ser determinado en las causas que involucran a la vicepresidente Cristina Fernández. Las declaraciones de Soria fueron leídas en la Procuración como una nueva etapa en la embestida que comenzó hace casi un año con una catarata de pedidos de juicio político contra Casal en el Congreso. Cerca del procurador creen que el nuevo ministro intentará conseguir los votos en Diputados para avanzar con la reforma de la Ley de Ministerio Público. “El método de designación que plantea el proyecto aprobado por el Senado genera que decisiones trascendentales, como la investigación de causas de corrupción, narcotráfico, trata de personas, contrabando, terrorismo y violación a los derechos humanos (entre otras), queden en manos de organismo liderado por un funcionario debilitado y condicionado por el poder de turno”, opinó Juan José Benítez, ex secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, en una columna publicada recientemente en una revista especializada. La iniciativa que espera su aprobación en Diputados también modifica el sistema de juzgamiento a los fiscales inferiores. “Si se aprueba este proyecto, el kirchnerismo estará en condiciones de remover a cualquier fiscal que lo incomode con sus investigaciones. Así fue el intento frustrado de destituir al fiscal Campagnoli por haber investigado en el caso que finalmente terminó con la condena de Lázaro Báez, entre otros”, concluye un documento que publicaron en forma conjunta la Fundación Pensar, Fundación Alem y el Instituto Hannah Arendt.
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