Casi inexplicablemente Alberto Fernández decidió derogar el decreto firmado por Mauricio Macri, sobre política migratoria, que imponía estrictos controles para evitar el ingreso al país de delincuentes extranjeros. En 2017 se modificó la Ley de Migraciones amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. La norma estableció la prohibición de ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. La prohibición de ingreso se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”. El Gobierno de Alberto Fernández y todos los ministros del Gabinete Nacional firmaron el nuevo Decreto de Migraciones que elimina el endurecimiento de los controles fijados durante el macrismo. El Gobierno explicó que el DNU de Macri modificó “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”. Además de sostener que la política migratoria de Cambiemos no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”. El Gobierno consideró necesario derogar el decreto del macrismo, restituyendo la vigencia de las normas modificadas en 2017. Además se ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria “que tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871″. Esta decisión que oficializó el Poder Ejecutivo, ya se venía estudiando desde el año pasado, encabezados por el Centro de Estudios Legales y Sociales, punto de referencia de Eugenio Zafaroni, organizaciones de la sociedad y organismos de derechos humanos.
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