El juez Raul Sahade dispuso el archivo de la causa en la que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, estaba imputado de abuso sexual a partir de la denuncia de tres obreros de la construcción que lo acusaron en 2018 de haberles pedido favores sexuales a cambio de trabajo en obras municipales. El titular del Juzgado de Instrucción Nro. 2 de Río Grande tomó esa decisión que desvincula a Melella de la causa más delicada que enfrentó en su carrera política, un día antes de que el Consejo de la Magistratura provincial tratara la denuncia en su contra por supuestamente haber cobrado por dictar una sentencia en otra causa. Hoy estaba prevista la acusación del fiscal contra Sahade, pero el Consejo de la Magistratura fueguino resolvió finalmente ayer posponer una definición sobre el futuro de Sahade hasta el próximo martes 23 de febrero. El magistrado fueguino rechazó los dos requerimientos elevados por el entonces fiscal general Guillermo Quadrini, al considerar que no se configuró el delito de abuso sexual, pese a los testimonios de los tres obreros de la construcción que denunciaron a Mellela por presunto acoso y abuso sexual: Damián Rivas, Alfredo Suasnabar y Mario Lovera. Sahade también descartó la acusación contra empresas que habrían participado en irregularidades en la obra pública de Río Grande. El actual gobernador de Tierra del Fuego, siempre negó las acusaciones y las atribuyó a “una campaña política” en su disputa por la gobernación con su antecesor Rosana Bertone. Melella también argumentó que las denuncias de abuso se debieron a su homosexualidad, que nunca ocultó. Según Sahade, no hubo abuso sexual ya que no se vio “vulnerada la libertad de autodeterminación sexual de una persona mayor de edad”, y lo que habría existido fueron relaciones sexuales entre dos de los denunciantes y Melella de forma “consentida”. El magistrado de Tierra del Fuego también consideró que las presuntas “maniobras de defraudación a la administración pública” de la denuncia original que dieron pie a la causa de abuso sexual, no estarían corroboradas ya que los denunciantes no iniciaron las acciones legales correspondientes para cobrar los trabajos adeudados por parte de la Municipalidad de Río Grande. Según Sahade, tampoco fueron probadas las maniobras de presunto direccionamiento de trabajos de obra pública de la intendencia de Río Grande hacia las firmas Patagonia Construcciones y Mario Luis Vaquera.
