Aún no se definió el sistema de sesión que utilizará el Congreso para las extraordinarias, aunque se presume que, según el reglamento vigente, deberá ser presencial. “Si no tienen los votos para el protocolo se deberá sesionar a partir del 27 de enero que, de hecho, es lo más probable”, sostiene una fuente legislativa que remarca que Labor Parlamentaria recién se reúne este lunes 18 y que quedan muy pocos días para que los legisladores puedan llegar si no se consigue la prórroga, porque “no es lo mismo viajar desde Córdoba o Santa Fe, que desde Jujuy”. En el Senado el panorama no es muy distinto: Cristina Fernández, máxima autoridad de la Cámara, regresaría desde El Calafate el lunes próximo. Otro tema que aún falta definir es el orden de prioridades en cuanto al orden en que se debatirán las leyes. La intención del Ejecutivo apunta a que se comiencen a tratar los proyectos que no generan demasiado roce con la oposición, para ganar tiempo de negociaciones en los temas más controvertidos y que se podrían frenar, sobre todo en la Cámara de Diputados. Así es que el temario comienza con el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, algo que no tiene mayores contraindicaciones para la oposición. El plato fuerte estará servido cuando deban tratarse las dos leyes que reformarán el funcionamiento judicial nacional: la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El primero de estos proyectos era un interés personal de Alberto Fernández y se convirtió en un interés personal de Cristina, al punto de sufrir modificaciones en el Senado hasta el extremo de crearse 1.200 cargos sobre la marcha. El segundo era un interés personal de Cristina y se convirtió en un interés personal de Alberto con tal de que pueda nombrar al actual juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación.
En cuanto a la necesidad de las leyes, las opiniones son contrapuestas, como corresponde a la relación entre el oficialismo y la oposición. “Se supone que el gobierno necesita leyes, pero esto parece que fue más un acting que otra cosa”, sostiene una fuente de la oposición parlamentaria y justifica que “no hay ninguna ley que no pueda esperar a marzo”. En ese sentido, también un asesor del radicalismo sostuvo que “si nosotros vamos a tratar el fondo hipotecario, es lo mismo hoy que el dos de marzo”, al tiempo que ironizó con el blanqueo de inversiones inmuebles: “Puede que no funcione, puede que sea controversial, pero no veo a la gente haciendo cola para blanquear”. En la Cámara de Diputados las cosas no se dan tan fluidas como en el Senado, donde el oficialismo tiene una mayoría prácticamente propia. En el recinto presidido por Sergio Massa, si bien el Frente de Todos cuenta con 119 diputados, esto no conforma la mitad más uno de los 257 escaños de la cámara. Descontado el voto en contra del bloque de Juntos por el Cambio, en la Rosada comenzaron a ajustar las negociaciones para que no se escapen los votos a favor. Desde el Congreso sostienen que, ante la opinión pública, se pagaría más costo político al ceder a las pretensiones “de Cristina”. En un juego en el que tanto el oficialismo como la primera oposición ya tienen posiciones tomadas, es difícil la libertad de voto para los del medio y más en un año electoral en el que cada voto a favor de un proyecto del Gobierno será señalado por la oposición ante cada micrófono periodístico que se cruce.
