Los integrantes de la mesa chica de la CGT, interrumpirán su descanso veraniego para reunirse y tratar un tema excluyente: la reforma del sistema de salud que impulsa el kirchnerismo y de la que aún siguen sin tener detalles. La inquietud crece porque la cúpula cegetista no tiene buena relación con Cristina Fernández y teme que los cambios proyectados apunten a apropiarse de los fondos de las obras sociales para subordinarlos a un esquema centralizado. Por eso intercambiarán opiniones y prevén pedir una audiencia con las autoridades nacionales para pedirles precisiones sobre el supuesto plan que fue elaborado en el Instituto Patria. Algunos de los presuntos contenidos de la reforma del sistema de salud que trascendieron en los medios coinciden con propuestas ya efectuadas por la central obrera al Gobierno para revertir el desfinanciamiento de las obras sociales, pero el gran problema de los dirigentes de la CGT es que desconfían de las intenciones de quienes impulsarían el proyecto dentro del oficialismo. En el Instituto Patria hay mucho hermetismo sobre el tema: uno de sus miembros se negó a dar detalles porque “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan de reforma del sistema de salud existe y se comenzó a escribir en septiembre”. En otros sectores del Frente de Todos buscaron restarle dramatismo a los cambios que se analizan y aseguraron que se trata “sólo de la idea de un seguro único de salud y la integración vertical de las estructuras del sistema, que están duplicadas o triplicadas, y lo mismo sucede con el gasto”. En principio no habría una estatización lisa y llana, como Alberto Fernández le garantizó esta semana a Claudio Belocopitt, pero sí una mayor presencia del Estado en el sector sanitario. En la misma sintonía, Cristina Fernández sostuvo que “vamos a tener que repensar todo el sistema de salud en la Argentina para hacer un uso más eficiente de los recursos”.
Todos sospechan que detrás de la elaboración del proyecto está Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense y los técnicos de la Fundación Soberanía Sanitaria, supervisados por Daniel Gollán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y coordinador de la Comisión de Salud del Instituto Patria. En un documento difundido en 2019, se propone la creación de un sistema único de salud del que dependen las prepagas y las obras sociales y que incluso centralizará las distintas instancias de control estatal, con lo cual será más difícil que los dirigentes gremiales mantengan su capacidad de presión sobre la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra los fondos de las obras sociales. Unificar el control y la conducción del sistema, con una descentralización operativa, sería uno de los ejes de la propuesta que impulsa el kirchnerismo. La cúpula cegetista, a través de José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT, conversa con el Ministerio de Salud y la Superintendencia sobre algunos cambios para aliviar el déficit crónico de las obras sociales, luego de convencer a Alberto Fernández de buscar una solución a este tema, pero hay incertidumbre: nadie sabe si esas medidas sobrevivirán con la reforma K. Funcionarios y sindicalistas estaban de acuerdo en limitar el traspaso de los afiliados de las obras sociales y en evitar la triangulación de aportes para que las prepagas se queden con los recursos de los trabajadores de mejores ingresos. Está decidido que aumentará la cápita que pagan los monotributistas para acceder a las prestaciones de las obras sociales y, además, buscan alternativas para que el Estado pague el 100% de algunos de los gastos por discapacidad que afronta el sistema sindical de salud.
