Alberto Fernández aceptó la posición de Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, sobre la compra de la vacuna al laboratorio Pfizer. Según entendidos, González García estuvo al borde de un papelón internacional ya que la compañía americana decidió privilegiar otros mercados en América Latina, mientras Fernández prometía fechas de llegada de la vacuna al país. A principios de julio, el jefe de Estado recibió en Olivos al gerente general de Pfizer, Nicolás Vaquer, y quedó expectante por una noticia que escuchó de Fernando Polack, director científico de la Fundación INFANT. Polack, que está en contacto con Pfizer y participó del cónclave, adelantó a Alberto Fernández que la Argentina había sido seleccionada para una de las pruebas técnicas de una posible vacuna del COVID-19. En el marco de una cuarentena claramente desmadrada, la vacuna se presentó como una mágica solución y Fernández, aplicó toda su decisión política por consejo técnico del ministro González García. Así se envió y forzó la rápida aprobación de una Ley de Vacunas a la medida de las exigencias jurídicas de Pfizer, sancionada a fines de octubre por la Cámara de Senadores. Sin embargo, y pese a los gestos políticos del Gobierno, la negociación con Pfizer se empantanó en las últimas semanas. La vacuna de Pfizer debe mantenerse por debajo de los 70 grados bajo cero y, esa información clave, era manejada por González García cuando le sugirió la negociación con la compañía farmacéutica de los Estados Unidos. Argentina no tiene infraestructura para mantener estable la vacuna de Pfizer en el conurbano y menos aún para organizar un traslado de millones de dosis al interior del país. Se necesitan aviones con sistemas a base de hidrógenos y voluminosas heladeras que mantengan las vacunas a -70ºC.
Sin esta logística, la vacuna de Pfizer se transforma en un artilugio farmacéutico con final abierto y sus representantes legales plantearon al Ministro de Salud que necesitaban una nueva protección jurídica ante la endeble infraestructura estatal de la Argentina. Como el Gobierno no puede garantizar que la vacuna llegue en condiciones técnicas normales a las provincias, Pfizer solicitó un nuevo contrato que estableciera las responsabilidades respecto a los daños físicos causados por la aplicación de una dosis que no se preservó por debajo de los 70 grados bajo cero. Alberto Fernández no puede firmar ese contrato porque no tiene posibilidades de garantizar la estabilidad de las vacunas que se apliquen en Formosa, Jujuy, Salta o Santiago del Estero, por citar cuatro casos obvios. Alberto Fernández, quien es un experto de derecho penal y conoce cómo funciona el poder en la Argentina, sabe que sería un escándalo comprar 3 millones de vacunas de Pfizer que terminen destruidas porque se rompió la cadena de frío y no se puedan aplicar. “En la negociación se nos pidió una ley que les diera inmunidad, esa ley salió. Después, desde la casa central de Pfizer en EEUU decían que esa ley no era suficiente, que había que hacer una nueva ley y además que el contrato no lo firmara yo sino el Presidente; son condiciones un poco inaceptables”, dijo González García en conferencia de prensa. La empresa de los Estados Unidos pretende otra iniciativa para deslindar responsabilidades respecto a la cadena de frío y desean la firma del jefe de Estado para tener más robusta la seguridad jurídica ante eventuales juicios penales. Alberto Fernández tiene aprecio personal por González García, pero observa con muchísima atención su capacidad política como ministro de Salud. El caso Pfizer puede concluir en un fracaso de gestión para el Presidente, ya que González García sugirió la negociación y no tuvo en cuenta todos sus aspectos legales y logísticos.
