En medio de la esperada respuesta a la polémica por los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, la comisión de juristas elegida por Alberto Fernández se encuentra ultimando los detalles de la reforma que propondrán sobre la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, todo está en proceso de construcción y los miembros de la comisión se cuidan de que no se conozcan detalles de lo que van conversando. El objetivo, sigue siendo el mismo: que la Corte funcione mejor y encontrarle una solución a las cientos de causas que llegan al cuarto piso del edificio de Talcahuano en busca de apelaciones. Otro de los focos sobre los que tienen puesta la mira este comité de expertos es en fijar límite al ya famoso “280”, la forma que tiene la Corte Suprema de rechazar un planteo sin tener que dar explicaciones sobre el por qué de su desestimación. Una y otra vez, desde que se creó la comisión, desde el Gobierno y la comisión salieron a decir que no estaba en debate una ampliación del máximo tribunal. Sin embargo, la creación de este consejo consultivo en medio del proyecto de reforma judicial, agigantó las sospechas sobre cimbronazos en el máximo tribunal, sobre todo cuando los propios integrantes de la Corte se enteraron de la noticia por los medios.
Si bien las propuestas que hagan de la Corte Suprema será mirado con lupa tanto por la política como por los medios de comunicación, comenzó a crecer la curiosidad sobre cómo será redactado el análisis que se haga sobre la reforma que se proponga en el Ministerio Público. La dimensión que cobró en los últimos días la propuesta de Alberto Fernández para convertir al juez Daniel Rafecas en Procurador General de la Nación y la intención del magistrado de ser votado por los dos tercios de los senadores, la aparición de la ex diputada Elisa Carrió convocando a la oposición a votarlo y la reacción del kirchnerismo de enfriar el tratamiento del tema en miras de analizar si formulan cambios en la forma de elección del jefe de los fiscales y la duración de su mandato. Precisamente, estos dos últimos puntos están desde el minuto cero en el análisis del debate de los integrantes de la comisión de juristas. Cuando el senador kirchnerista Oscar Parrilli activó hace unos días el llamado de la comisión de Justicia y Asuntos Penales para tratar dos proyectos que modifican la ley del Ministerio Público presentados hace tiempo por el radical Martín Lousteau y la neuquina Lucila Crexell, que proponen quitarle el cargo vitalicio al procurador, el propio Gil Domínguez le escribió en Twitter que al ex funcionario k que no se pusiera ansioso y esperara la propuesta que se elevará al presidente “con recomendaciones para la mejora funcional” del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
