El Gobierno de Alberto Fernández, sufre la toma de tierras fiscales y privadas en doce provincias argentinas, sin que hasta ahora se pueda ejecutar desalojos judiciales. El avance sobre las tierras tiene distintas argumentaciones por parte de sus protagonistas, algunas tácitas y otras explícitas: dentro del primer grupo están las recuperaciones territoriales ancestrales y la falta de oportunidades para los “sin tierra” de acceder a un espacio para construir sus viviendas. En el segundo, están las motivaciones políticas impulsadas por grupos opositores al gobierno que buscan confrontar al Estado y provocar nuevos nichos de conflicto. Las usurpaciones son repartidas y no distinguen entre espacios públicos y fiscales. Buenos Aires y Río Negro son dos de las provincias más castigadas con la problemática, aunque en todo el país se registran episodios similares. Una de las tomas más importantes que pudo desalojarse hace pocos días en la provincia de Buenos Aires, fue la de Guernica. No obstante aún resta resolver otros dos conflictos similares, en Olavarría y en la localidad de Junín. En Río Negro hay cinco órdenes de desalojo vigentes, listas para ser ejecutadas. Tres de ellas corresponden a comunidades mapuches que fueron denunciadas por mineras que intentan ejecutar distintos proyectos y las comunidades se resisten por considerar que son “territorios ancestrales”. En el corazón de la ciudad de Villa Mascardi, el espacio que estaba destinado a la construcción de la nueva terminal de ómnibus fue usurpado por 70 personas que debieron desalojar el lugar, luego de que funcionarios judiciales ordenaron la desocupación del predio. En El Bolsón un centenar de familias mantiene una toma en tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y cuentan con el aval del Juzgado Federal de Bariloche que desestimó el desalojo del lugar. El avance de las familias sobre ese predio fiscal también se produjo durante la pandemia.
Otro de los casos más relevantes de los últimos días fue el que ocurrió en Entre Ríos, donde la familia Etchevehere recuperó su campo tras la intervención de los jueces de la provincia mesopotámica. Más allá de los matices familiares del episodio, la participación de dirigentes políticos le dio al caso un agravante aún mayor. Chubut es la provincia más austral con ocupaciones, protagonizadas por agrupaciones mapuches, tanto en Lago Puelo como en Los Alerces. En Neuquén se conoció hace pocos días la absolución de integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe, tras ser acusados de instalarse cerca de yacimientos no convencionales de gas y petróleo. En Mendoza un centenar de personas ocupó un espacio perteneciente a una bodega, ubicada en Luján de Cuyo, aunque un grupo especial destinado a evitar o intervenir ante estos delitos, actuó rápidamente y liberó el lugar. En los últimos meses en Córdoba se registraron más de 350 denuncias por usurpaciones de tierras e incluso de inmuebles en la provincia. Varias de esas tomas aún continúan y esperan la resolución de la justicia. Las zonas más afectadas son Calamuchita, Malvinas Argentinas, barrio Cabildo y Estación Ferreyra. Rosario, en la provincia de Santa Fé, es la ciudad de mayor conflicto donde a principios de octubre se produjo el desalojo de un predio perteneciente a Vialidad Nacional, que en febrero había sido ocupado por unas 100 familias.
Las ocupaciones se replican en Chaco, Tucumán, Jujuy y Misiones donde el Gobierno local, mandó a desalojar a varias familias que usurparon terrenos de dos empresas en las cercanías de Los Saltos de Moconá, en un paraje conocido como Colonia Paraíso. En la Casa Rosada aseguran que no hay una política de estado destinada a apoyar las tomas, aunque hay un reconocimiento de la emergencia habitacional que se agravó por la pandemia. En este contexto, el gobierno insistirá con el respeto a la propiedad privada mientras articula un programa básico de asistencia a las familias que ocupan tierras públicas o privadas.
