El Frente de Todos avanza con el proyecto de ley que establece el pago obligatorio, extraordinario y por única vez a quienes posean bienes por más de $200 millones con alícuotas que van de 2 a 3,5%. Juntos por el Cambio presentará su propio dictamen, de rechazo, con reclamos puntuales para ampliar la base tributaria con aquellos que evaden al fisco a través de depósitos en paraísos fiscales y también reclamará mayor austeridad estatal. En el interbloque Federal, donde habían apalabrado el apoyo al impuesto tras acordar algunos puntos de la iniciativa, mantienen las conversaciones con el kirchnerismo y podrían volver a la versión anterior en la que no se incorporaba a residentes en el extranjero que posean bienes en territorio nacional. De las últimas modificaciones introducidas es la única que genera roces con algunos de los diputados que podrían ayudar al oficialismo a tener mayoría. La ley se aplicará sobre los bienes personales desde el momento en que entre en vigencia y no con fecha 31 de diciembre. Su retroactividad había sido ampliamente cuestionada y dejaba a la norma a un paso de la judicialización. En su artículo 1°, el texto establece la creación “con carácter de emergencia y por única vez” del aporte “obligatorio” que recaerá sobre las personas con más de $ 200 millones “según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”.
Para los bienes situados en el exterior, en caso de no verificarse su repatriación, se fija un 50% más para el cálculo del aporte. Para la repatriación se considerará un plazo de 60 días contados desde la entrada en vigencia de la ley, tanto para las tenencias de moneda extranjera en el exterior como los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el exterior, que representen como mínimo, un 30% del valor total de los bienes situados en el exterior. El Poder Ejecutivo podrá ampliar el plazo por otros 60 días. Una vez efectuada la repatriación, los fondos deberán permanecer, hasta el 31 de diciembre de 2021, depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular o podrán ser afectados, una vez efectuados ese depósito, a alguno de los destinos que establezca el Ejecutivo. La ley, a pedido de distintos bloques y tras meses de conversaciones, fija el destino de la recaudación: 20% para la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; 20% a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; 20% para el programa integral de becas Progresar; 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los Barrios Populares y un 25% irá a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A.
