La Cámara de Diputados retomará el tratamiento en comisión del proyecto que propone crear un aporte extraordinario y por única vez a las grandes fortunas. El oficialismo confía en firmar dictamen de mayoría con el acompañamiento de bloques aliados de la oposición, a sabiendas de que Juntos por el Cambio ya adelantó su postura de rechazo a lo que consideran un “nuevo impuesto”. La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado Carlos Heller, se reunirá para reanudar el cuarto intermedio en que había quedado el debate luego de que el miércoles pasado se iniciara la negociación en medio de tensiones entre el oficialismo y la principal bancada opositora. Heller sostuvo: “En el mundo entero se habla de un impuesto a las grandes riquezas y que hasta los técnicos del FMI dicen que hace falta progresividad impositiva para atender la enorme demanda de recursos que generó la pandemia. Se habla de cientos de millones de nuevos pobres en el mundo. Uno no entiende cómo es tan difícil consensuar este aporte por única vez, de un núcleo muy chiquito de personas, a los que no le va a cambiar la vida”, explicó. En ese sentido, comentó que en la última reunión le dijo a los legisladores de la oposición que “no actúen con el criterio de bloque sino que respondan a la voluntad de sus votantes” y agregó: “Es mucho más amplia que el Frente de Todos la voluntad de la ciudadanía que está de acuerdo con esta medida”.
La comisión también tiene en agenda retomar el tratamiento del proyecto para prohibir que las empresas radicadas en paraísos fiscales o que cometieron delitos probados de evasión fiscal puedan ser beneficiarias de programas de ayuda estatal. En este caso, Juntos por el Cambio anticipó que respalda la iniciativa impulsada por el diputado kirchnerista cordobés Pablo Carro, que presentó el proyecto la semana pasada. Sin embargo, el foco central estará puesto en lo que suceda con la iniciativa que crea una contribución a las grandes fortunas, y que apunta los patrimonios declarados al 31 de diciembre de 2019 superiores a los 200 millones de pesos. Según calculan los impulsores del proyecto, afectaría a un universo de aproximadamente 12.000 personas, quienes pagarán una alícuota con una escala progresiva de entre 2% y 3,5%, conforme a su capacidad patrimonial. Para aquellos bienes y sumas patrimoniales que las personas alcanzadas tengan en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores.
