La obsesión de Cristina Fernández con la justicia, es sólo comparable con el cansancio de la mayoría de la población argentina con el encierro de la cuarentena. Igualmente la sorpresa fue grande cuando la vicepresidente, utilizando sus redes sociales, comunicó que la reforma del fuero federal que se tratará hoy en el Senado, no es la que ella aspira, bajándole la categoría al proyecto enviado por Alberto Fernández. También aprovechó para apuntarle a la Corte Suprema y dejó circular su malestar por el “poco esfuerzo” que atribuye a funcionarios nacionales en esta batalla. La ex presidente convocó para esta tarde a la sesión virtual que debe tratar el texto que impulsó el Presidente, que incluye algunas modificaciones en el ida y vuelta de la interna y que finalmente fue redondeado en un dictamen de mayoría. El texto sumó notoriedad con la denominada “cláusula Parrilli”, que apunta a condicionar a los medios: un añadido con el sello CFK. Oscar Parrilli se encargó del ruido y el encolumnamiento del bloque le dio volumen político. Sin embargo, ella misma se ocupó de colocar todo en una jerarquía menor a su idea global de reforma. El proyecto en cuestión aglutina a Juntos por el Cambio en el rechazo que, al menos en este tema, borró diferencias entre las categorías, inestables, de duros y moderados. Al parecer quedaron cerrados posibles entendimientos parciales que oxigenen la reforma en el Congreso, básicamente por intermedio de jefes de distrito, según fuentes de la oposición.
Ese es un resultado de algunos otros gestos y cargas desde Olivos. El último episodio, con el ministro Nicolás Trotta como protagonista, fue entendido como una movida sorpresiva por Rodríguez Larreta, cuyos funcionarios preferían no asociarla directamente al bloqueo de la reforma judicial. Trotta rechazó la propuesta y los protocolos para habilitar escuelas con el objetivo de reconectar a unos cinco mil alumnos que por distintas razones no siguieron con las clases virtuales. En ese clima de tensión y de recelos, según el caso, la principal oposición decidió ir fuerte contra el proyecto judicial, al que vincula naturalmente con un plan más amplio: las presiones sobre la Corte Suprema, el intento de desplazar a una decena de jueces trasladados durante la gestión de Mauricio Macri y la carga contra el procurador general interino, Eduardo Casal. La sesión del Senado tal vez anticipe el tono de la pelea, aunque está descartado que el oficialismo impondrá su mayoría para sancionar el texto. En cambio, es de mínima incierto el trámite en Diputados. Allí, la inquietud se traslada al despacho principal de Sergio Massa y a Máximo Kirchner, el jefe del bloque. Las señales en contra de “lavagnistas”, peronistas cordobeses, dos legisladores de origen socialistas y uno o dos que habían saltado desde JXC anticipan la posibilidad de una caída y si no hay número, el fracaso tomaría forma de aplazamiento sin fecha del debate. Un desenlace de esa naturaleza constituye un problema político serio para Alberto Fernández, porque de hecho el oficialismo lo convirtió en una prueba crucial más allá incluso del contenido y también lo sería para CFK. La ex presidente parece haberse anticipado con su mensaje, para licuar costos personales y colocar el peso en Olivos.
