Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el pasado año ratificaron el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández por presunta cartelización de obras públicas viales. Desde ese momento se transformaron en un blanco móvil del kirchnerismo, que no perdona la decisión procesal contra la actual vicepresidente. Ante la imposibilidad de iniciar un juicio político contra los camaristas federales, el kirchnerismo inició una ofensiva política que se apoyó en el Consejo de la Magistratura, la quinta presidencial de Olivos y la mayoría peronista en el Senado, que intenta usar un enroscado ardid jurídico para terminar con Bruglia y Bertuzzi como camaristas federales. Para ser nombrado juez federal se necesitan los siguientes requisitos: 1) Terna vinculante del Consejo de la Magistratura. 2) Pliego del Poder Ejecutivo con un candidato de la terna que se pone a consideración del Senado. 3) Tratamiento público en la Cámara Alta y después una mayoría simple para su aprobación institucional. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi: están a derecho. Cuando llegaron al Tribunal Oral Federal 4 ya habían cumplido con todos los requisitos dispuestos por la Constitución Nacional. Una acordada de la Corte Suprema ratificó que para un traslado horizontal en el mismo fuero, no necesita repetir el proceso institucional previsto por la Constitución. Desde esta perspectiva jurídica, blindada por la Constitución y la Corte Suprema, Bruglia y Bertuzzi no deberían tener ningún obstáculo legal o político para ejercer con libertad sus cargos en la Cámara Federal. Sin embargo, el kirchnerismo piensa diferente e inició una ofensiva que amenaza con provocar un conflicto de poderes.
Alberto Fernández consideró que Bruglia y Bertuzzi no están incluidos en los términos de la acordada de la Corte y que deben sujetarse al proceso previsto en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional. En este sentido, hace tres días, el Presidente remitió al Senado los pliegos de los jueces trasladados Bruglia y Bertuzzi. “En Olivos, la secretaría Legal y Técnica y en el Ministerio de Justicia se trató el status jurídico de estos jueces que fueron de un Tribunal Oral Federal a la Cámara Federal y nos pareció que no estaban comprendidos en la acordada de la Corte”, explicó un miembro del Gabinete que analizó la estabilidad institucional de los magistrados. Frente a esta interpretación forzada del Poder Ejecutivo, Bruglia y Bertuzzi fueron a la justicia y presentaron un recurso de amparo. La jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti, dio la razón a Bruglia y Bertuzzi y ordenó a los senadores peronistas que se abstengan de tratar sus pliegos enviados por Alberto Fernández. La concesión del amparo presentado por Bertuzzi y Bruglia causó una abrupta reacción de la bancada oficialista del Senado y, en medio de una sesión que estaba prevista para tratar la ampliación del Presupuesto 2020 y una extensa moratoria impositiva, el bloque de senadores peronistas desobedeció a la jueza Biotti y dio ingreso formal a los pliegos de Bertuzzi y Bruglia.
En el ámbito académico, y entre los magistrados con probada experiencia, la decisión política del Senado no es más que una violación flagrante de la Constitución y las acordadas de la Corte. “Tratar los pliegos de Bruglia y Bertuzzi, es desobediencia agravada por el cargo. Estamos al borde de una crisis institucional”, aseguró un influyente juez federal. La posibilidad de un conflicto de poderes se puede consumar por decisión del Gobierno y del Senado con mayoría oficialista. Si Alberto Fernández y Cristina Fernández insisten en revisar la situación institucional de Bruglia y Bertuzzi, pese al amparo concedido en el fuero Contencioso y Administrativo Federal, el caso llegará hasta la Corte Suprema. Bruglia y Bertuzzi juran que van a resistir en defensa de sus derechos constitucionales.
