Mediante una resolución, el Comité Especial de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas, reiteró al Reino Unido y a la Argentina, retomar las conversaciones para “encontrar a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía”, lo que desató una nueva escalada diplomática. El dictamen fue patrocinado por todos los países latinoamericanos integrantes del Comité Especial: Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, había planteado que el tema era “prioridad” para la gestión de Alberto Fernández, donde sinceró la ofensiva que se materializó la semana pasada con la sanción de dos leyes que aprobó el Congreso y que crean un Consejo que fije políticas de Estado con respecto a la cuestión soberana. La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas respondió al giro diplomático con otro duro comunicado en el que manifestó que a medida que los países del mundo continúan batallando con los múltiples y devastadores impactos del COVID-19, resulta absolutamente acertado que cada uno de los gobiernos del globo “se vuelquen con firmeza a la meta de proteger a su gente y a tener el virus bajo control”, por lo que era “decepcionante” la política del gobierno de Alberto Fernández.
Según el organismo kelper, la política desplegada por el gobierno argentino es un “intento de escalar el reclamo de soberanía sobre las Islas, con un nuevo mapa de ruta focalizado en tres objetivos, todos los cuales con el propósito de ejercer coerción, amenazas y presiones legales a aquellos que continúan trabajando junto a nuestra nación y que respetan nuestro derecho a la autodeterminación”. En esa lista de naciones “amigas”, remarcó, están los gobiernos de Uruguay y Chile. Desde el inicio de su gestión, Alberto Fernández busca desterrar la política de “baja intensidad” como la definió el propio canciller Felipe Solá, que la administración de Mauricio Macri le imprimió a la causa Malvinas. Bajo las instrucciones del jefe de Estado, se dejó sin efecto el denominado pacto Foradori–Duncan, firmado por los vicecancilleres de Argentina y el Reino Unido en el 2016 y que, según la gestión del Frente de Todos, fue “uno de los hechos más nocivos para los intereses nacionales y el histórico reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas”. Filmus adelantó, además, que busca que los vuelos hacia el archipiélago estén a cargo de una “línea de bandera” nacional, en vez de la empresa LATAM, que hasta la declaración de la pandemia se encargaba de esos viajes atlánticos y que, por la emergencia sanitaria, quedaron suspendidos.
