Durante la semana se conoció un informe realizado por Unicef, cuyos números deberían aterrar al Gobierno nacional, ya que la proyección indica que la pobreza infantil llegará al 62,9% en diciembre. El Banco Central difundió el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), con una estimación de 12,5% de caída del PBI para este año. Son dos cifras asociadas en el cruce de estadísticas sobre el deterioro socioeconómico, con un agravante: si la realidad termina confirmando esos pronósticos de contracción de la economía, la pobreza infantil escalaría al menos otros tres puntos al concluir 2020. El Gobierno no tuvo ninguna reacción frente al informe referido, aunque de hecho el impacto amplio de la crisis marcó el día. Alberto Fernández ratificó promesas al hablar de manera virtual con los movimientos sociales más alineados con el Gobierno, en el día de celebración de San Cayetano. Durante la misa central sí hizo referencia explícita a la pobreza y ese es de hecho el eje de las negociaciones que viene sosteniendo el Gobierno con los jefes de esas organizaciones: alguna forma de asistencia sostenida. Fernández volvió a destacar la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia, aunque como ya lo vienen señalando algunos funcionarios, también expresó sorpresa por el número de beneficiarios: cerca de 9 millones de personas.
El IFE, a pesar de ciertas deficiencias y hasta de algunas superposiciones en la asistencia, expone señales convergentes de la crisis: el impactante número de personas que se inscribieron y las dificultades para sostenerlo en medio de las limitaciones fiscales. Es además un instrumento que, según se admite en medios oficiales, debería ser repensado a la salida de la cuarentena. No tiene tampoco el sentido conceptual de la AUH, el programa más valorado en todo el arco político y entre expertos en la materia. El Gobierno analiza alguna alternativa frente a la demanda que plantean las organizaciones sociales, que en rigor integran algunas líneas de gestión. Son conversaciones con referentes del Movimiento Evita, de la CCC y de Barrios de Pie. Parece abandonada la idea de una especie de salario universal y se estaría pensando en programas más amplios, que garanticen algún tipo de ingreso pero con alguna estructura parecida a otros planes que se vinculan al trabajo y al estudio. Por supuesto, la fórmula no sería sencilla, porque debería articular la salida del IFE y debería hacerlo en un contexto de poco margen presupuestario, entre otros puntos. No está claro si el Gobierno lo está evaluando de este modo, pero en definitiva pesan el tipo de contención social y la mirada más de fondo sobre el dilema que representa la pobreza, no sólo en la coyuntura de la caída económica. Es sabido: la gravedad de la crisis impone medidas rápidas de asistencia y contención. La siguiente demanda es cómo generar procesos de inclusión en las etapas de mejora económica. Del modo de encarar esa ecuación surge la agudización o freno al problema de la pobreza estructural, que según se admite estaría ya por encima del 30 por ciento.
