La Coalición Cívica de Elisa Carrió, realizó una denuncia para que se investigue el posible abuso de autoridad por parte de Alberto Fernández al designar en la Comisión de asesoramiento para la reforma judicial a Carlos Beraldi, actual abogado de la vicepresidente Cristina Fernández, y a León Arslanian, abogado del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En la denuncia, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Juan Manuel López, Mariana Zuvic, Héctor Flores, Marcelac Campagnoli y Mónica Frade, solicitaron a la Oficina Anticorrupción que requiera a los integrantes del Consejo Consultivo una declaración jurada de intereses para conocer qué clientes tuvieron o que actividades profesionales desarrollaron en el último tiempo, a efecto de dilucidar posibles conflictos de interés. El cuestionamiento recae sobre la función que vienen desarrollando desde algunos años con clientes que están o estuvieron en la función pública. “No se trata de impugnar las ideas que los integrantes de dicha comisión puedan tener sobre un tema, sino que por el contrario se trata de evitar que intereses particulares colisionen con intereses públicos”, explicaron los legisladores en la denuncia. En esa misma línea señalaron que los dos abogados asesorarán al Presidente “acerca del destino y ubicación institucional de la Oficina Anticorrupción, de la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de la temporalidad de las funciones de los fiscales, la posible modificación de funciones, ubicación institucional y el diseño de los procesos”.
Luego aclaran que sólo mencionan “algunos tópicos, podrían beneficiar a la vicepresidente o al Dr. Echegaray, en los procesos judiciales en los que el Dr. Beraldi o el Dr. Arslanian, intervienen en la defensa técnica de los nombrados.” Los legisladores que responden a Carrió advirtieron que “resulta evidente, como lo es en tantos casos en los que se presentan conflictos de interés, que la tarea desarrollada por el Dr. Beraldi y el Dr. Arslanian en la esfera privada, puede colisionar, con el asesoramiento que brinda al Presidente de la Nación, y por lo tanto no debían ser parte del Consejo Consultivo”. Apuntan contra Alberto Fernández porque consideran que violó la normativa vigente en lo que respecta a los conflictos de intereses, que está regulada La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. “Violó la normativa y la interpretación que de la misma ha hecho la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro de la Nación”, indicaron. Además, sacaron a relucir que la Ley de Ética Pública establece en su artículo 41 sobre conflictos de intereses, que “a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo”, sostuvieron.
