Con la reforma judicial que pretende hacer el Gobierno de Fernández, se nombrarán a 279 nuevos magistrados, 45 más de los que nombró el gobierno anterior en cuatro años, los sueldos representarán más de $1300 millones anuales. A eso hay que agregarle los sueldos de los secretarios y decenas de empleados. “Vamos a tener que tener plata”, admitió la ministra de Justicia Marcela Losardo. En la Ciudad de Buenos Aires, la reforma implica 77 cargos nuevos de magistrados (jueces, fiscales y defensores). El promedio de sueldos oscila los $450.000, en bruto, porque en el listado hay 15 camaristas y 5 fiscales de tribunales orales, que tienen salarios muy superiores a jueces y fiscales de primera instancia. En total, esas designaciones implican una inversión anual de $415.800.000. Sin plata no hay reforma, pero desde la Justicia ya se habla de gastos innecesarios. “En vez de aprovechar los recursos humanos ya existentes, buscan crear cargos para completarlos con nuevos magistrados. Además de sumar costos, no se explica por qué se desaprovechan jueces con experiencia en el tema penal”, apuntó un juez de un tribunal oral criminal. En las provincias, los números se triplican. El texto del proyecto enviado al Congreso contabiliza 96 jueces, 85 fiscales y 23 defensores. Tomando un sueldo promedio de $400.000 bruto (son cargos de primera instancia), representa una masa salarial de $969.600.000 anuales.
La creación de juzgados y fiscalías federales en las provincias ya se había propuesto en el gobierno de Mauricio Macri. “Se tomó un proyecto del gobierno anterior”, admitió esta semana la ministra Losardo en una entrevista. En Cambiemos dicen que el contexto era muy distinto. “El sentido del fortalecimiento de la justicia penal federal en las provincias era sentar las bases para implementar el sistema acusatorio e iba de la mano con la sanción del Código Procesal Civil y Comercial. El Gobierno no está planteando avanzar con ninguna de las dos cosas”, destacó un funcionario que tenía despacho en el Ministerio de Justicia. Más allá de la crisis por la pandemia, el proyecto de reforma llega en medio de una crisis económica profunda y en un país al borde del default. “Es simplemente insultante para una población exhausta, presionada fiscalmente hasta la quiebra y cuyas urgencias judiciales no son federales, sino vitales: lo que necesitamos las personas comunes es más eficiencia, recursos y rapidez en materia penal, laboral, fiscal, comercial y civil. Eso debe mejorarse, no inventando juzgados de venganza ni intentando copar a la Corte Suprema”, opinó el abogado Alejandro Fargosi, ex integrante del Consejo de la Magistratura. Hay un dato que no es menor. La crisis económica ya impactó dentro del Poder Judicial, donde actualmente se pagan aguinaldos en cuotas y hay reclamos por la reducción de las vacaciones. Hasta ahora, las críticas se concentraron en la comisión de 11 asesores elegidos por el Presidente y a los posibles cambios en la Corte Suprema. En el gobierno admiten que fue una manera de postergar ese debate. “El comité de asesores se lleva la marca personal”, razonó un importante juez de Comodoro Py.
