El Ministerio de Trabajo recibió más de 10.000 pedidos de suspensiones desde marzo hasta el momento. Sólo en la últimas semanas los expedientes iniciados fueron 2.163, lo que da una idea del impacto en la pérdida laboral que según mediciones privadas, involucran a 1.800.000 personas. Ese total corresponde a acuerdos entre empresarios y sindicalistas alcanzados dentro de lo establecido en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. A esa cifra se le podrían sumar los 272 expedientes para iniciar Procedimientos Preventivos de Crisis presentados ante el Ministerio de Trabajo desde el 20 de marzo y que también permiten acordar suspensiones del personal por razones de fuerza mayor con el pago parcial de los salarios. Según consultoras privadas, desde que comenzó la emergencia sanitaria y, sobre todo, desde que se firmó el acuerdo entre la UIA y la CGT, a fines de abril, los trabajadores sin tareas que están suspendidos ya son 1.800.000, de los cuales unos 800.000 pertenecen al sector mercantil y 290.000 a los gastronómicos. También rubricaron convenios similares los metalúrgicos, los trabajadores de automotrices y autopartistas, los petroleros, los textiles, los obreros del calzado, los pasteleros, el personal de comidas rápidas, empleados de aerolíneas low cost, autopistas porteñas, negocios de electrodomésticos y de venta de productos deportivos, entre otras actividades.
Uno de los acuerdos más recientes y novedosos firmados en sintonía con lo establecido entre la UIA y la CGT fue el del Sindicato Argentino Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, que encabeza Guillermo Marconi, y las cámaras del sector, por el que se suspenderá al personal no docente de los colegios privados que están sin tareas por cuatro meses, de abril a julio, con el pago del 75% del sueldo neto, pero el 25% restante los empleados lo cobrarán en una sola cuota el 31 de marzo próximo cuando se reanude la actividad educativa. El tope establecido, que permite que el personal suspendido cobre como mínimo el equivalente al 75% del salario, se complementa con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que incluye la posibilidad de que el Estado pague el 50% de los sueldos a las empresas que acrediten estar en crisis (hasta un máximo de dos salarios mínimos, vital y móvil, $33.750, por empleado), aunque la ayuda de este plan oficial se limitó desde junio. Entre las modificaciones que decidió el Gobierno figura que el ATP se destinará ahora para pagar hasta dos sueldos mínimos en el AMBA, Resistencia y en los sectores críticos, y para el resto del país y empresas, la ayuda del programa será de hasta un salario mínimo.
