María Laura Garrigós de Rébori, nueva interventora del Servicio Penitenciario Federal, dijo que: “El día que salgamos de la cuarentena vamos a tener un pico de delitos contra la propiedad” como consecuencia de la recesión económica y el impacto en la situación social que traerá aparejada la pandemia. Tras ser designada al frente de las cárceles federales por Alberto Fernández, la funcionaria reconoció además que “bajó muchísimo” la población penitenciaria durante la pandemia en virtud de los arrestos domiciliarios concedidos y una disminución del nivel de delitos. Con ese cuadro, la nueva interventora anticipó que su objetivo será “traer el servicio penitenciario al Siglo XXI para cumplir con la manda constitucional”. “Es curioso, no hay otras reparticiones del Estado que tengan una dedicatoria en la parte dogmática de la Constitución. Lo que claramente dice la Constitución es que las cárceles no son para castigo”, planteó su enfoque la fundadora de Justicia Legítima. Acerca de la situación del sistema penitenciario federal en la pandemia, la funcionaria designada precisó que, “por el momento no hay un brote dentro de las unidades” y negó que se haya producido una “liberación masiva de presos, no pasó, no hubo bandas de delincuentes corriendo por las calles”, agregó. “La gente le tiene miedo a los presos, dejan de ver que son personas. Los presos son parte de nosotros mismos, cualquiera podría estar en esa situación”, completó.
Sobre las condiciones de detención en cuarentena, la interventora resaltó que “la cantidad de presos no depende del Servicio Penitenciario Federal”, sino de las decisiones del Poder Judicial ya que “no podemos controlar el ingreso ni el egreso” de los internos. Afirmó que se están construyendo “cubículos aislados” para preservar la salud de los detenidos y siguiendo los protocolos sanitarios. “Se está evitando el ingreso de internos a las unidades más densamente pobladas”, sostuvo. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la ex magistrada defendió las reformas judiciales del kirchnerismo en reiteradas oportunidades y, en esas polémicas, llegó a cuestionar la permanencia del juez Carlos Fayt en su cargo, cuando tenía 97 años. La nueva interventora ostenta una carrera de 40 años ejerciendo el derecho penal en distintas funciones en el Poder Judicial, en la docencia universitaria y en las asociaciones de abogados. Siendo una de las pocas mujeres que ocupaban relevantes en el sistema judicial, en 1993 participó de la fundación de la Asociación Argentina de Mujeres Jueces, cuya primera presidenta fue la fallecida ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay junto a una de sus principales promotoras, Elena Highton de Nolasco.
