Alberto Fernández ratificó la intervención y el proyecto para expropiar Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país. “La expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa, no hay otro modo”, aseguró el mandatario. Fernández reveló que durante el encuentro realizado anoche en la Quinta de Olivos, les solicitó a los directivos de la compañía que propongan una alternativa para resolver la crítica situación financiera en la que se encuentra. “Ellos proponen que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación. Lo que pasa es que eso supone un acuerdo con empresarios que están muy salpicados; es muy poco transparente”, reflexionó el Presidente. A lo sumo podría analizarse la posibilidad de que los actuales accionistas continúen como socios minoritarios en un holding mixto, pero para llegar a esa instancia todavía hay que desandar un largo camino. Cuando Fernández habla de empresarios “muy salpicados” se refiere a la causa judicial que investiga los desmanejos que comenzaron luego de las elecciones primarias de 2019. “Ellos saben que no tienen aire y que sólo el Estado puede socorrerlos. Pero quieren acordar porque temen que después de una expropiación queden débiles frente a las acusaciones que existen por sus manejos”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo.
Fernández, Vilma Ibarra, Matías Kulfas y Luis Basterra, entre otros integrantes del gobierno nacional, recibieron ayer a los principales directivos de la firma santafesina. En la previa del encuentro, habían circulado versiones de que la administración pública podría revisar su idea de confiscar la compañía. Sin embargo, luego de escuchar la propuesta empresaria, Fernández ratificó su idea original. La senadora Anabel Fernández Sagasti fue una de las promotoras de la iniciativa. Pese a su cercanía con Cristina Kirchner, Alberto Fernández negó incidencia de la vicepresidenta en la decisión. “Tenemos que terminar de aventar esa historia negra de que Cristina me reta, me pega dos gritos y me hace hacer lo que no quiero hacer. Eso no existe y yo no permitiría que exista”, aseguró. La intervención de Vicentín se concretó ayer con el ingreso del enviado del Gobierno a las oficinas administrativas de la compañía. Hubo fuertes protestas en Avellaneda, ciudad de la sede central de la alimenticia, y en otras capitales. Además, la oposición manifestó su rechazo a la jugada oficial y alertó sobre las similitudes que hay entre este tipo de avances sobre la propiedad privada y las políticas adoptadas por la dictadura de Nicolás Maduro, en Venezuela. Para contrarrestar estos argumentos, el Gobierno hace hincapié en que se intervino una empresa en bancarrota con el objetivo de rescatarla y salvar las fuentes de trabajo.
