Un limitado pero representativo grupo de juristas y dirigentes kirchneristas vinculados con la Justicia, conversó con Cristina Fernández. El encuentro fue en el Instituto Patria y el objetivo fue interiorizarse sobre la reforma judicial que impulsa el Gobierno y que Alberto Fernández ahora demora. La vicepresidente escuchó las inquietudes de sus visitas, miembros de la Justicia afines al kirchnerismo que, según le confiaron, no contaban hasta el momento con ningún tipo de detalle de la reforma que se elabora con profundo hermetismo en la Casa Rosada. “Queremos aportar”, pidieron.
Los invitados se fueron satisfechos: la vicepresidente los habilitó para que le envíen sus sugerencias para llevar adelante el proyecto. La oficialización de la reforma, el pasado 10 de diciembre, quedó instalada como una afrenta directa a los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la lupa en la última década por la judicialización de la política y viceversa, la politización de la justicia y la creciente influencia de los servicios de inteligencia. Graciela Caamaño, interventora de la AFI, empezó a mostrar de hecho algunas señales hace algunas semanas, al limitar los servicios que los agentes del organismo prestan a los jueces y fiscales.
“Si es sólo para Comodoro Py no sirve”, esgrime un funcionario de vínculo frecuente con Losardo y con Juan Martín Mena, el secretario de Justicia del entorno de la ex presidente y relacionado con La Cámpora. De los trascendidos en torno de los posibles ejes de la reforma se mencionan, por caso, la unificación de fueros, la redistribución del sistema federal de Justicia y, restarle poder a los jueces y robustecer a los fiscales.
