Durante la campaña electoral Alberto Fernández se manifestó en varias oportunidades en contra de un default. Ahora como presidente sostiene la misma idea y así lo expresó en la última semana el ministro de Economía, Martín Guzmán. Donde hay claras diferencias entre las frases de campaña y la realidad, es en el tenor de la reestructuración de deuda que plantearía la Argentina. De aquella alusión a un “canje a la uruguaya”, que prácticamente no planteó quitas para los inversores, a una postura mucho más dura en la que los bonistas quedarían rezagados en el orden de prioridades.
Los acontecimientos alrededor de la deuda de la provincia de Buenos AIres de los últimos días deben ser analizados con el prisma de la renegociación nacional. Lo único que intenta el gobernador Axel Kicillof es ganar tiempo para ensamblarse con la propuesta nacional. No hay propuestas de fondo ni mucho menos. Aplazar el pago de capital del vencimiento del 26 de enero, por unos USD 275 millones, no tiene como objetivo pagar el 1 de mayo. Simplemente se busca que la quita propuesta a los inversores sea muy parecida o quizás idéntica al planteo que realizará la Nación. Así fue claramente explicitado por el propio Guzmán en la conferencia de prensa de esta semana.
El gobierno nacional precisa renegociar la deuda antes del 31 de marzo para evitar que le suceda lo mismo que a la provincia de Buenos Aires. Pero la tarea es sumamente compleja, teniendo en cuenta la cantidad de títulos emitidos, plazos y jurisdicciones. Todo indica que prácticamente no habría negociación con los acreedores. Es decir que se avanzará con una propuesta de reestructuración voluntaria pero unilateral, es decir no consensuada con los bonistas. Esto podría dificultar todavía más el proceso, sobre todo porque los tiempos apremian.
Guzmán volverá esta semana a Nueva York, donde estudió y trabajó en los últimos 11 años para la Universidad de Columbia y planteará esta realidad: “Primero hay que crecer para luego pagar”. No será fácil convencer a quienes ya asumieron millonarias pérdidas por haber apostado por la Argentina que deberán pasarse otros tres años para volver a cobrar.
