Mercado Libre, empresa clave en el sector de la economía del conocimiento, sabe que enfrentará una lucha creciente frente al gobierno de Alberto Fernández. La decisión de suspender la Ley de la Economía del Conocimiento fue tomada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y no resultó sorpresiva para la compañía que conduce Marcos Galperín, ya que fue precedida de una serie de gestos y decisiones desde el 10 de diciembre último.
Algunas de estas medidas son regulatorias y tienen un desenlace bastante previsible para la empresa: se buscará acotar su margen de crecimiento. Otras son más complejas, como un viejo dictamen de la AFIP en contra de la empresa que está vigente, que podría reflotarse y dar lugar así a un importante reclamo impositivo en términos retroactivos. La empresa dará todas las batallas que pueda, en términos políticos, legales y discursivos, pero en el entorno de Galperín reconocen que el futuro ya estaba escrito desde aquella reunión con Alberto Fernández en sus oficinas de San Telmo, un día después del triunfo del candidato del peronismo en las elecciones primarias de agosto pasado.
Galperín apoyó públicamente el rumbo económico del gobierno de Mauricio Macri y el nuevo elenco oficialista se lo subrayó desde aquel momento. Un empresario que lo vio después de aquel encuentro le dijo: “Con un gobierno que no será tan cuidadoso de las cuestiones institucionales en sus organismos fiscalizadores y con trabas legales crecientes, tenés que saber que tus perspectivas acá no son buenas”.
Mercado Libre tiene una cotización de US$ 33.400 millones; el 20 % de su facturación corresponde a sus operaciones en la Argentina y el 60% a las de Brasil. El resto se reparte entre Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Honduras y Venezuela.
