El direccionamiento de la obra pública hacia empresas de Lázaro Báez, es el primer juicio por corrupción que enfrenta la vicepresidenta de la Nación. Cristina Fernández está imputada como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado en $ 46.000 millones que es el monto que recibió, según una auditoría de Vialidad Nacional, Lázaro Báez. Los 51 contratos viales que llevaron al banquillo de los acusados al empresario K, a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y a doce personas más, quedaron inconclusos en un 50% según la acusación de la fiscalía y con sobreprecios promedio del 65%. Por otro lado, se determinó que en varios concursos sólo se presentaron empresas del Grupo Austral “simulando licitaciones”.
Ante las pruebas recolectadas por los fiscales del caso, y que construyeron la acusación, Cristina se defendió señalando que no había ninguna prueba concreta que pudiera sostener los argumentos judiciales en su contra y utilizó el término lawfare para señalar que todo responde a una operación política para desprestigiarla a ella y a su espacio político. En la última audiencia del juicio durante diciembre de 2019, la defensa de la ex presidenta adhirió a un pedido de una de las defensas para apartar a los letrados de la Oficina Anticorrupción y de Unidad de Información Financiera (UIF) que continúan de la anterior gestión. El Gobierno de Alberto Fernández podrá mantener las querellas, pero en instancia de alegatos puede decidir no formular ninguna acusación. En caso de que ambas querellas no formulen acusaciones, el TOF 2 sólo podrá dictar sentencia si la fiscalía a cargo de Diego Luciani acusa. De así ocurrir, la misma deberá ser sostenida por el fiscal ante la Cámara de Casación y en caso de resultar respaldada, puede ser apelada por los abogados defensores ante la Corte Suprema de Justicia.
Ante el Máximo Tribunal la intervención del Ministerio Público Fiscal queda en cabeza del Procurador, es decir, podría quedar en manos del por ahora juez Daniel Rafecas propuesto para el cargo por el Presidente Fernández. Si él no la sostiene, el juicio corre “un marcado riesgo de caer porque se trataría de la única acusación para sostener una sentencia en caso de ser la misma desfavorable para los acusados”.
