Con la entrada en vigencia de la Ley de Emergencia Económica sancionada por el Congreso, comenzó a implementarse el dólar “solidario” junto a otros cambios que propuso el Gobierno de Alberto Fernández como la compra de autos y bienes personales. Si bien el control de cambios permite a las personas físicas hacerse de hasta USD 200 mensuales, aquellos ahorristas que ya hayan adquirido en diciembre el tope permitido tendrán que esperar a enero para volver a comprar la divisa que cotiza a $63 y ahora se paga a $82 como consecuencia del nuevo impuesto.
Las compras en el mercado mayorista y de comercio exterior no serán objeto de este nuevo recargo, razón que invocan los funcionarios del gobierno para intentar convencer a la población y a los agentes económicos de que esta devaluación encubierta bajo la figura de los tipos de cambio múltiples no debería tener impacto inflacionario. En ese marco, el mercado seguirá de cerca lo que pase con el dólar libre, que el lunes cerró a $76,75 y antes las restricciones cambiarias se convirtió en un tipo de cambio en franco ascenso.
Confirmado el impuesto de 30% a la demanda para ahorro, además del turismo y consumos con tarjeta efectuados en el exterior, el horizonte del dólar ilegal parece no tener techo inmediato. Si bien la brecha con el oficial es de más de 20%, se espera que aumente y que le sume presión a la inflación ya que los empresarios suelen tomar la cotización del dólar libre como referencia para los precios bajo el argumento de que la cotización que refleja es la que debería tener el oficial si no hubiera restricciones cambiarias.
Analistas ya advirtieron que la presión sobre el dólar informal puede ser todavía mayor si se decide extender el recargo a otras operaciones, como las del dólar contado con liquidación o el bolsa, algo que el Gobierno desestimó por el momento.
