Los equipos de Alberto Fernández están trabajando en lo que sería algo similar a la Ley de Emergencia Económica, sancionada en 2002 y que tiene vigencia hasta la actualidad.
Bajo el paraguas de la Emergencia Pública podrían entrar aumentos de impuestos y rebajas de impuestos; ajustes fiscales; reformas financieras y cambiarias; pagos de la deuda y, al fin, todo aquello que habría necesitado la venia previa del Congreso. La idea de arranque pasa por un acuerdo de precios y salarios, con una pauta común asociada al objetivo de achicar la inflación: el 35%. Se analiza un plus para los sueldos rezagados.
Habría eso y bastante más que eso, según cuentan fuentes privadas. Ya pintan a platos fuertes del menú un aumento del mínimo no imponible de Ganancias y una rebaja de los aportes patronales al sistema previsional.
Queda por verse qué será de la indexación vigente para jubilaciones, pensiones y planes sociales como la asignación por hijos. Es un combo que involucra al 60% del gasto público.
En el entorno de Alberto Fernández. no aparece, en cambio, la intención de armar un verdadero programa económico que avance en decisiones simultáneas y articuladas. Por ahora el presidente electo prefiere la variante de ir de plan en plan, según las prioridades que se fijen para cada momento. Algo parecido a un paso a paso, o a “un rompecabezas”, según quienes aconsejan un programa completo.
